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Organizaciones no gubernamentales (ONG), plantearon al gobernador Juan Manuel Carreras López, dejar sin efectos el decreto del Programa Estatal de Derechos Humanos, publicado la semana pasada en el Periódico Oficial del Estado.
La ONG’s aglutinadas en la Red Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, sugirieron que de no ser así, con base en la convocatoria donde se afirma que es un plan flexible, se asuma dicho documento sólo como “un punto de partida” de un proceso real para el citado esquema.
Recalcaron que el Plan Estatal debe establecerse mediante una consulta previa, libre e informada, donde se tome en cuenta la diversidad de actores, pero sobre todo a la ciudadanía, pues “desde ahí deben quedar claro el abordaje transversal de la política pública con perspectiva de derechos humanos”, asentaron.
Al respecto, Paloma Blanco López, académica en ciencias ambientales, argumentó que la propuesta del gobierno no explica cómo se van realizar las diferentes coordinaciones institucionales, y éstos con los sectores de la sociedad.
Aunado a ello, refirió que carece de claridad metodológica referente a indicadores o índices, que permitan en el futuro evaluar el desempeño del Programa Estatal de Derechos Humanos.
La ONG’s aglutinadas en la Red Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, sugirieron que de no ser así, con base en la convocatoria donde se afirma que es un plan flexible, se asuma dicho documento sólo como “un punto de partida” de un proceso real para el citado esquema.
Recalcaron que el Plan Estatal debe establecerse mediante una consulta previa, libre e informada, donde se tome en cuenta la diversidad de actores, pero sobre todo a la ciudadanía, pues “desde ahí deben quedar claro el abordaje transversal de la política pública con perspectiva de derechos humanos”, asentaron.
Al respecto, Paloma Blanco López, académica en ciencias ambientales, argumentó que la propuesta del gobierno no explica cómo se van realizar las diferentes coordinaciones institucionales, y éstos con los sectores de la sociedad.
Aunado a ello, refirió que carece de claridad metodológica referente a indicadores o índices, que permitan en el futuro evaluar el desempeño del Programa Estatal de Derechos Humanos.
