> Cobranza hostil > Efecto colateral
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La resurrección del proyecto Monterrey VI hizo surgir la duda sobre si el gobierno federal había dado su venia al proyecto, luego de la oposición lopezobradorista que lo condenó el sexenio pasado.
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Ayer, la Comisión Nacional del Agua confirmó que, al parecer, no se ha aflojado un ápice la malquerencia.
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En un comunicado de prensa de tono duro, la dependencia federal desconoció el proyecto, al señalar que no ha recibido ninguna solicitud del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey para autorizar el proyecto de extraer agua de la Huasteca para enviarla a la capital regia.
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Y si no hay solicitud, no existe, es el mensaje entre líneas.
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Más aún, la dependencia federal le echó en cara al organismo neoleonés el pago de casi 172 millones de pesos por un trámite para seguir teniendo derecho a los volúmenes de agua huasteca.
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Con ello, la perspectiva de cumplimiento del plan neoleonés se desinfla.
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Hablando de malos modos, como los despachos cobradores de deuda que hostigan a los morosos, la Comisión Estatal del Agua usó como método la exhibición de quienes habían evitado los últimos pagos.
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La CEA publicó en sus redes sociales un comunicado en el que señalaba al Interapas como deudor de 292 millones de pesos acumulados desde 2016 en cuentas impagas del tratamiento de aguas residuales en el Tanque Tenorio.
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"Resulta contradictorio que Interapas cobre a sus usuarios conceptos por mantenimiento de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales, mientras mantiene pendiente el pago por este importante servicio", señala el comunicado.
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Seguramente, el Interapas reaccionará recordando el adeudo que tienen las dependencias estatales por el abasto de agua.
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¿Dialogar para mejorar el acceso de agua de los usuarios de la zona metropolitana? Parece que eso no está en los planes de la CEA.
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El afán de las autoridades por ganar crédito ante la ciudadanía mediante la entrega de apoyos, como lo es el de útiles y atuendo escolar, está generando un nocivo efecto colateral.
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Mientras que el gobierno estatal y ayuntamientos gastan millones del erario en adquirir zapatos escolares, los negocios que dependencia de la venta de ese calzado están sufriendo una baja de ventas que ya es considerada grave.
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El asunto muestra la falta de cálculo de las autoridades, pues lo más probable es que los proveedores no sean los comerciantes locales, o quizá las concentran en uno o varios proveedores privilegiados.
