> Retorna la polémica > Revés legal

Parece que la oposición del gobierno federal hacia el proyecto Monterrey VI, que pretende llevar agua de la Huasteca potosina a la capital regia se terminó.

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Entre 2022 y 2023, cuando el Servicio de Agua y Drenaje, el Interapas regio, promovía en proyecto de construir un sistema de bombeo y un canal de cientos de kilómetros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se alineó con la oposición que surgió aquí contra el proyecto, y que abanderó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.  

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El proyecto fue retirado y fue olvidado, menos por los neoleoneses, que ahora lo relanzan con pocos cambios, entre los que se encuentra un punto de desfogue distinto, pero que mantiene a la parte potosina del río Pánuco como origen del acueducto.

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El rechazo lopezobradorista fue el factor principal para detener la obra, pero en términos legales, no había mayor problema porque las autoridades locales no tienen jurisdicción sobre las aguas nacionales, facultad que se reserva a la Comisión Nacional del Agua.

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Adicionalmente, Nuevo León tiene documentación que les concesiona un cuantioso volumen de agua de esa fuente.

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Será interesante saber si el mismo grado de oposición se mantiene en el gobierno potosino y si, con Claudia Sheinbaum en Palacio nacional, se tiene el mismo apoyo del gobierno federal.

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No se sabía que el ayuntamiento capitalino había impugnado ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma impulsada por el Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso que establecía la obligación a las alcaldías de crear el sistema de retiro y de garantizar su financiamiento.

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Hasta que se publicó, la semana que termina, el proyecto de sentencia de la magistrada Estela Ríos, hubo indicios de esa discrepancia.

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Que fue adverso, pues desechó la objeción del gobierno de Enrique Galindo Ceballos al considerar que no afectaba la autonomía municipal.

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Hay pocos temas como la violación del artículo 115 constitucional que hagan reaccionar a los gobiernos municipales. En San Luis abundan los ejemplos.

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Y como esta reforma afecta el presupuesto de los ayuntamientos al ordenar la generación de una reserva que garantice el financiamiento de las pensiones, la alcaldía consideró necesario presentar una controversia constitucional.

El proyecto no lo consideró así y mantuvo la validez de la reforma. 

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Se trata de una derrota legal que, en condiciones normales, no sería más que eso. Pero en un entorno politizado como el que vive San Luis, no sorprendería que la derrota se convierta en munición mediática y propagandística.

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