Arbitrariedad oficial Lío universitario
El gobierno del estado no cede ante los señalamientos y quejas de anomalías por el traslado de mujeres del Centro de Reinserción Social de La Pila al penal de Xolol, en Tancanhuitz.
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Escudándose en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 73/2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya envió a las internas de la cárcel de esta ciudad hasta la Huasteca.
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La versión estatal señala que la recomendación establecía la necesidad de concretar acciones para que las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos contaran con un Centro Femenil de Reinserción Social específico.
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Aunque la recomendación preveía que se construyera un área separada en los penales que ya funcionaban como mixtos, y La Pila lo era, el gobierno gallardista optó por trasladarlas a cientos de kilómetros de San Luis, con las afectaciones que esto genera a las internas.
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A la SSPC no le importó y ya incluyó la conversión del penal huasteco en la normatividad. El Periódico Oficial del Estado publicó ayer un acuerdo que modifica el reglamento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el que modifica el nombre del Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz, para agregarle “Femenil” a su denominación, con lo que la arbitrariedad ya es norma.
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Parece que la UASLP tiene dificultades para gestionar contratos inmobiliarios y pequeños diferendos internos. Y al final, eso deriva en problemas más grandes.
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El desacuerdo entre alumnos de la Licenciatura de Criminología de la Facultad de Derecho y profesores de la Facultad de Contaduría y Administración por el paso a las instalaciones de Derecho a través de un acceso ubicado en Tomasa Estévez derivó en un bloqueo vial y en altercados entre catedráticos y alumnos.
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Por comodidad, los estudiantes de Criminología usan ese pasaje, que cruza el estacionamiento de maestros de la Feca, para llegar a sus instalaciones Los maestros se incomodaron porque señalan que ha habido casos de vandalismo en sus unidades.
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De manera unilateral, y al parecer con la venia de la Dirección, se organizaron brigadas para impedir el paso de los alumnos. Por esa acción, empezaron los roces que derivaron en los bloqueos de las calles.
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Al parecer, el asunto se destrabó con el acuerdo de que los alumnos podrían usar el acceso, pero de manera temporal.
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Y así fue cómo un problema que se hubiera solucionado con un poco de diálogo y sentido común acabó en un conflicto que afectó a la ciudad durante varias horas.
