Consejo a modo Lamento poco creíble
El Congreso del Estado se prepara para renovar a los integrantes del Consejo Hídrico Estatal, pues el 2 de diciembre próximo se terminaría el plazo de dos años para el cual fueron elegidos los actuales consejeros.
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Ese cuerpo colegiado, relativamente oscuro y desconocido para el grueso de la población, cobró notoriedad durante la crisis que generó la sequía, cuando el gobierno estatal lo intentó integrar a su bando en la ofensiva que lanzó contra la alcaldía y el Interapas.
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Pero pronto, sus integrantes se mostraron ajenos a esas intenciones y, de hecho, su discurso de que la politización en el manejo del agua impide llegar a soluciones efectivas al problema de la escasez del recurso fue un contrapunto refrescante ante el evidente pleito político que infectó a las acciones contra la sequía.
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Eso les valió, sin embargo, ser relegados por las autoridades, que ante la postura crítica, vieron que no se sujetarían a sus intereses.
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Ese abandono se reflejó en la falta de apoyo, que llega al grado de que las conferencias de prensa del consejo se realizan en el kiosko de la Plaza de Armas, pues no hay sede ni recursos para rentar un espacio.
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La oportunidad para desactivar un órgano crítico en una materia tan sensible está ahí para un grupo político que se siente incómodo ante el discurso que escapa a su afán totalizador. Y lo más seguro es que aproveche la oportunidad.
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La Seduvop, la instancia opaca y sospechosa por antonomasia en esta administración, se lamenta de ser exhibida en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación por otorgar seis contratos de obra por vías indebidas, optando por la adjudicación directa, o sea discrecional, a la licitación pública.
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Los continuos indicios de que la institución que dirige Leticia Vargas ha hecho del ocultamiento de información una política pública minimizan la fuerza de la aclaración de la dependencia.
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De hecho, a la precisión de los datos de la ASF, revira con imprecisiones, generalidades y galimatías, sin aclarar exactamente por qué optó por un método discrecional para asignar contratos millonarios.
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La ASF obligó incluso la apertura de un proceso de sanción a los responsables. La responsable es la Contraloría General del Estado, por lo que es muy probable que la anomalía quede sin sanción.
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Pero el señalamiento ahí está y los malos antecedentes que ha mostrado la dependencia avalan su certeza.
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HASTA MAÑANA
