Denuncia y pifia La débil CTM
El asunto de la renta del predio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEMSA, representada por el exdiputado Fabián Espinosa Díaz de León se recalienta, al presentarse el ingrediente legal, aunque con errores en la estrategia adoptada por el apoderado de la compañía.
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Hay que recordar que VEMSA rentó a la Universidad un predio de 46 mil metros cuadrados a un precio demasiado bajo para los estándares de la zona en que se ubica. El contrato señala una instalación deportiva, pero la empresa tiene planes de una obra diferente, un centro comercial en forma, lo que no fue del agrado de la institución.
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Se acerca el 12 de abril, fecha en la que concluye el año de gracia que la UASLP concedió a la arrendadora antes de pagar 3.4 millones de pesos por el primer mes de renta de la superficie y el asunto sigue en la polémica de si se rescinde o no.
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Espinosa Díaz de León optó por romper lanzas en el ámbito penal al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra la titular de la Oficina de Abogacía General, Urenda Navarro Sánchez, por usurpación de profesión, al no comprobarse el título de Doctora que la funcionaria ostenta en el área de Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, y en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, coincidentemente, de la FGR.
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El año pasado, este medio publicó un amplio texto, sustentado con documentos, de que sí, Navarro Sánchez se ostentaba como doctora, pero que no había ningún documento que sustentara ese grado académico.
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Espinosa Díaz de León señala que, precisamente, ha firmado como doctora documentos relacionados con las negociaciones del contrato, pero que tras una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones, sólo aparece titulada con una licenciatura.
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El exdiputado confirmó de viva voz a este medio la presentación de la denuncia, que también presentó en sus redes sociales. Al preguntarle si vendrían más, señaló que “hay mucho camino por recorrer” en ese sentido, lo que sugiere una ofensiva legal más amplia.
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Sin embargo, dicha estrategia inicia mal a causa de una severa pifia: en la denuncia identifica a la funcionaria con un nombre incorrecto: Urenda Queletzú Sánchez Navarro, es decir, con los apellidos invertidos. En estricto sentido, en el documento se acusa a otra persona distinta.
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Es de suponerse que el representante legal corregirá la querella, pero el descuido es muy notorio y puede malograr la táctica.
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Y también podría perfilarse un desencuentro, entre la UASLP y el Congreso. La iniciativa de modificar la Ley Orgánica de la Universidad para hacer obligatoria la equidad de género en la asignación de cargos sería el detonante, pues ya son varios los desencuentros de la institución educativa con otras instancias, como el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, porque siente que el principio de autonomía no es respetado.
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La otrora poderosa CTM se desmorona. Por estos días, perdió ante la Liga Sindical Obrera Mexicana el contrato colectivo de la empresa Contitech México, ubicada en esta ciudad.
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Ya pasaron los tiempos de que prácticamente todas las empresas debían afiliarse a esa central sindical.
