Deuda pendiente Congreso superado
Es un espejo negativo. Mientras que los feminicidios van al alza, sin que nada parezca evitarlo, la justicia contra las víctimas avanza a paso lentísimo.
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Es cierto que los tiempos judiciales rara vez acompañan a los deseos de la sociedad, y de las familias de las víctimas, principalmente, para que los responsables de estos delitos sean castigados; sin embargo, la escasez de casos a los que se le abre proceso y, peor aún, la casi inexistencia de sentencias da cuenta de qué tan atrasado está San Luis Potosí en ese aspecto.
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Habrá que voltear los ojos a la Fiscalía General del Estado para que dé celeridad y fortaleza a las investigaciones y cumpla ese compromiso y deuda con
la sociedad.
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Una buceada a los datos de la Secretaría de Salud federal sobre el coronavirus evidencian que la presumida caída en los contagios de coronavirus es sólo una cara de la moneda, la que quieren difundir las autoridades.
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Menos atractivos son dos hechos: que el estado es el séptimo con más casos, 564, de infecciones de COVID-19 en menores de edad, y que el municipio capitalino es la quinta localidad con más casos, 627.
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El riesgo no se ha terminado, menos en una entidad en la que las actividades colectivas se han abierto de manera considerable.
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La cuenta de casos y muertes sigue creciendo, y el riesgo sigue creciendo en sectores de la población y en localidades muy específicas.
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Mientras que el Congreso sigue demostrando su incompetencia, la ciudadanía es la que presenta denuncias buscando determinar si en las sospechosas adquisiciones sin licitación de la Secretaría de Salud.
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El Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia, la cuarta, contra el sospechoso esquema de compras de la dependencia, que comparte rasgos, como el uso de facturas de empresas “fantasma”, con otros mecanismos de corrupción ya comprobados en la entidad.
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Todavía hay legisladores que piensan que la petición de la reapertura a las auditorías de la Secretaría de Salud hechas por la ASE en 2017 y 2018 está en marcha, a pesar de que el llamado es, oficialmente, inválido, por provenir sólo de la Comisión de Vigilancia, y no del Congreso como institución.
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Lo irónico es que fue esta Legislatura la que estableció esa medida, al complicar una norma que impone ese requisito, probablemente pensando en que en el futuro, no fuera tan fácil una investigación cuando los investigados fueran ellos.
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En todo caso, el FCA suplió esa deficiencia al presentar su propia denuncia a la ASE.
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El gesto establece que en materia de lucha contra la corrupción, la batuta no la llevan las autoridades, que tanto lo presumen, sino los ciudadanos.
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¡HASTA MAÑANA!
