FGE: 7 años espurios Obra eterna
El Congreso y el Ejecutivo enfilan a la Fiscalía General del Estado a una potencial crisis jurídica que pondrá en riesgo la legitimidad de la persona que encabece a esa instancia autónoma al aprobar que su encargo sea definitivo por un periodo de siete años y no por el lapso provisional ordenado en la Constitución de poco más de cinco meses que quedan pro cubrir para el periodo inconcluso que dejaron las renuncias de los dos fiscales previos.
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El dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Gobernación sobre la propuesta de terna de candidatos a suplir a José Luis Ruiz echa mano de una barroca y enredada argumentación para sacarle la vuelta al párrafo séptimo del artículo 122 bis constitucional que establece claramente que ante la renuncia de un titular de la FGE, se elegiría al sucesor sólo por el lapso pendiente de cumplir del periodo de siete años para el cual el renunciante fue electo.
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En términos llanos, los diputados consideraron que la norma no preveía qué hacer si eran dos los fiscales renunciantes y que, básicamente, la elección de un suplente bastaba, por lo que “interpretaban” y así lo reconocen en el dictamen, que el siguiente fiscal no cubriría el periodo faltante, sino que sería electo por siete años.
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Adicionalmente, se menciona que en la propuesta original del gobernador Ricardo Gallardo se establece claramente que sería de 7 años el plazo de las funciones del nuevo fiscal. Y las órdenes se obedecen, faltaba más.
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Así, se pavimenta el camino para que Manuela García Cázares tenga, sin cumplir la ley, un periodo de 7 años.
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Lo irónico del asunto es que ese párrafo séptimo del artículo 122 bis constitucional fue adicionado por esta misma Legislatura que ahora se dispone a violarlo, pues entró en vigor apenas en octubre del año pasado. El propósito era, para más ironía, “para que la Norma Fundamental del Estado no deje espacio a la interpretación”.
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Y mientras que en la UASLP alumnos de facultades, como la de Psicología, piden democratizar la elección de su director, en otros ámbitos persisten el autoritarismo y la cerrazón.
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Es el caso de Derecho, en donde desde hace años se espera que haya una directora, pero desde la cúpula, el designio es otro.
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Ayer se cerró el plazo de inscripciones y se sabe de dos catedráticas de excelente perfil académico que desean participar.
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Sin embargo, la línea de la Dirección va por otro rumbo, un varón, exabogado general de la UASLP, con menores cartas académicas que sus colegas mujeres, pero con el plus de la amistad en el sitio correcto.
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Así, parece que de nuevo se van a relegar perfiles competentes para perpetuar el Club de Tobi.
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Desde 2016, el gobierno estatal entregó al Poder Judicial Federal un predio de 15 mil metros cuadrados para construir un Centro de Justicia Penal Federal, con la condición de que se concluyera en 2018.
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Por situaciones no imputables al PJF, el inmueble no se concluyó, por lo que se concedieron una prórroga que vencía en 2018. Ahora por cuestiones atribuidas al constructor tampoco se concluyó.
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De nuevo, se dio una prórroga, ahora de 4 años, pero tampoco se cumplió.
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Así, siete años después de que arrancara el proyecto, el gobierno estatal dará una nueva prórroga, que vencerá en 2026. Así, una obra sumará una década de plazo de construcción. Y lo querían construir en 2 años.
¡HASTA MAÑANA!
