Fuego contra la ASE ¿Relación cordial?
Con la definición de quién encabezará la Auditoría Superior del Estado en ciernes, desde el Congreso, se abrió fuego contra el órgano fiscalizador.
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La revelación de una auditoría al organismo en donde se le señalan presuntas anomalías por casi 12 millones de pesos y una advertencia desde la cúpula legislativa de restructurar fueron las salvas lanzadas desde Vallejo en contra del órgano que dirige provisionalmente Edith Muñoz.
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Las tensas relaciones que tuvo la ASE con el Congreso cuando Rocío Cervantes encabezaba al órgano fiscalizador parecen no haber mejorado con la encargada de despacho.
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Al parecer, a los diputados les disgusta que en la ASE no se les vea como quienes deciden en el organismo, con todo y que se supone que estamos hablando de un órgano fiscalizador.
La caída de Cervantes, cuyos últimos reportes finales de auditoría exhibieron al gobierno gallardista de Soledad como el de más observaciones y no fueron lo suficiente duros con el gobierno anterior, a juicio del actual clan político dominante, fue una jugada a dos bandas, desde las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.
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En esta ocasión, la ofensiva no parece relacionada con Palacio de Gobierno. Y dentro del Legislativo, el origen del refuego está en la Unidad de Evaluación y Control del Congreso y estaría enmarcada en la sucesión dentro de la ASE, buscando bloquear una eventual ratificación de la encargada de despacho para colocar en el sitio a alguien del órgano interno legislativo.
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En todo caso, la ASE se ubica, de nueva cuenta, a merced del vaivén político, dejando a un lado la autonomía del organismo.
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La actual administración, en su afán de sancionar todo lo presuntamente sancionable en el gobierno de Juan Manuel Carreras López tiene bastante material en la adquisición del sistema de videocámaras de seguridad que a última hora, hiciera el pasado gobierno.
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Los cheques con que se pagó a la empresa beneficiada se emitieron a pocos días de terminar el pasado gobierno. Esa prisa generó sospechas y parece que ahora, originarán investigaciones judiciales.
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A ver quién cree que el proceso de municipalización de Pozos se está llevando de manera tersa entre el gobierno del estado y
la alcaldía.
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Las declaraciones oficiales de colaboración y apertura entre ambas instancias coexisten con gestos que parecen más bien metidas de pie a las intenciones de la contraparte.
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De por sí quitarle a la capital un sector de tanto peso territorial, poblacional y económico es un golpe, agregar a La Pila a la amputación es elevar el impacto
de la medida.
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Y la alcaldía, por su parte, ya se cubre. Si se separa el territorio, que otros se preocupen por proporcionarles recursos al municipio 59, porque no hay intención de ceder nada que la UAM considere que es suyo.
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Pronosticar, bajo estas circunstancias, cuánto durará el trato cordial entre los dos gobiernos, y entre quienes los encabezan, es un ejercicio incierto.
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¡HASTA MAÑANA!
