Gobierno voraz El populismo cuesta
Cuando se presentaron ante el Congreso las iniciativas de los presupuestos de egresos e ingresos del gobierno del estado, en este espacio se mencionó que uno de los conceptos de los ingresos estatales registraba un incremento considerable: el derecho de control vehicular, cobrado por la Secretaría de Finanzas.
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De los 713.2 millones de pesos recaudados en 2024, para 2025 se preveían 934.4 millones de pesos.
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El alza de 221.2 millones de pesos representa más de 10 veces el valor del incremento registrado entre 2023 y 2024, que ni siquiera llegó a los 20 millones de pesos.
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Ayer, el contribuyente se topó de cara con esta realidad, al pagar hasta 70 por ciento más este año de lo que pagó el año pasado.
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Entre las modificaciones hechas a la Ley de Hacienda, derivadas de las nuevas tarifas establecidas en la de Ingresos, se explica que “a partir de la entrada en vigor de la gratuidad en programas de placas y licencias de conducir, se han incrementado considerablemente la realización de trámites que se engloban en el rubro de “Con-
trol Vehicular”.
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Y es ahí donde Finanzas hincó su colmillo. El artículo 46, que regula el control Vehicular, la autoridad fiscal no sólo eliminó la tarifa diferenciada por vehículos para el trámite de la tarjeta de circulación, por lo que el dueño de una bicicleta motorizada deberá pagar lo mismo que el propietario de un vehículo o un autobús, sino que la puso en 6.6 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) parejas.
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En el caso de los vehículos, en 2024, los dueños de autor pagaron 2.89 UMAS. Y en el del hipotético dueño de bicicletas motorizada, su pago pasará de 0.3 a 6.6 UMAs.
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Y los nuevos conceptos cobrados son la corrección de datos en el Registro Estatal Vehicular (3.2 UMAs), la validación de pagos (3.3 UMAs), la expedición de constancias de licencia de conducir y de control vehicular (3.5 UMA’s cada concepto) y validación de pagos realizados en otro estado (6 UMAs).
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La justificación hace hincapié en el que el otorgamiento de placas gratuitas ya cubrió prácticamente a todo el parque vehicular estatal, por lo que el incremento oneroso de este año busca, de alguna forma sustituir esa entrada. En la práctica, el contribuyente está volviendo a pagar la ocurrencia populista del gobierno estatal.
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Contrasta esta dureza fiscal con la blandura con que se trató a los industriales en el caso de los impuestos ambientales, en la que, prácticamente, se benefició con incentivos a todas las empresas, contaminaran poco o mucho.
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La cruda realidad con la que se encontraron los propietarios de vehículos este inicio de año es el indicio de que el gobierno que regalaba casi todo se está dando cuenta de que esa generosidad cuesta. Y la pagarán
los ciudadanos.
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¡HASTA MAÑANA!
