Indefensión jurídica para víctima El costo de las protestas
Hace algunos meses, el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, ordenó la colocación de sellos de restricción a la inscripción en un plantel educativo privado de la Avenida Cuauhtémoc, en la capital potosina. El caso no revestiría mayor importancia, de no ser porque al interior del plantel existía una acusación por un caso de abuso sexual en contra de un alumno con discapacidad. La institución educativa ganó un amparo para que la autoridad educativa retire los sellos de restricción, y para seguir inscribiendo alumnos. Sin embargo, la madre de quien se presentó como víctima, considera ahora que se le dejó en estado de indefensión.
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De unos meses a la fecha, la autoridad educativa ha revisado diversos planteles privados, pero quienes más han sufrido la guadaña son aquellos que carecen de registro o cuya calidad académica es dudosa. Las escuelas observadas cuentan con diversas restricciones tales como estar impedidas para inscribir alumnos En los niveles educativos cuestionados. En la revisión de los perfiles de los planteles, hay casos que han impactado en licenciaturas o escuelas de perfiles específicos. Hay una escuela que dice ser de perfil empresarial en el Centro Histórico, que fue restringida para seguir inscribiendo, pero se encuentra abierta.
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La propuesta del alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos para que las protestas se realicen en las plazas, tiene un alto costo político y va a dar mucho de qué hablar, ¿será otra de sus ocurrencia como es su costumbre o tendrá y un plan definido? Si bien es cierto los manifestantes son factor sorpresa para quienes transitan por la calle y de pronto se encuentran con una obstrucción vial. Las manifestaciones en las calles, incluso rebasan la capacidad de las aplicaciones que por anticipado advierten del tráfico vehicular. De hecho, pagan el precio más caro de las manifestaciones, los ciudadanos que no tienen que ver con los motivos que las originaron: hay retrasos en el tráfico, algunos no alcanzan a ingresar a sus trabajos y hay casos en los que se muere un paciente porque la calle estaba tapada.
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La raíz de todo ello es un sistema jurídico que está a punto de colapsar. La falta de habilidad de los diputados no ha alcanzado a cuadrar el laberinto reglamentario que se supone debería considerar la responsabilidad moral en contra de quienes protestan y en su movilización, causan daños a terceros. En cierta medida, es una obviedad que a pocos diputados les interesará valorar los daños a terceros, porque algunos de los que ganaron los cargos de elección popular construyeron su vida política siendo opositores y provocando acciones disruptivas que hicieron daño a los que no la debían.
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Especialistas en cardiología colocaron los puntos sobre las íes, en los porqués de que las enfermedades de comorbilidades múltiples tienen su origen en el consumo de alimentos chatarra. Aunque en San Luis Potosí ya había restricciones para la venta y consumo en las escuelas, lo cierto es que las normas son permisivas, y por segunda ocasión en este espacio, se da cuenta de que las realidades rebasan a los diputados, a veces más preocupados porque les paguen la gasolina, que por dejar una huella histórica de buenos legisladores.
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¡HASTA MAÑANA!
