Lo que ocultaban Prensa asediada
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado venía arrastrando una mayúscula omisión de la transparencia al negarse a publicar las actas de sus sesiones.
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Apenas hace una semana, seis meses y pocos días después de haber realizado su primer encuentro, entregó a la CEGAIP las 14 actas de las sesiones correspondientes a los primeros tres meses de gestión, entre septiembre y diciembre.
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Están pendientes de publicarse las de las sesiones celebradas de enero de este año a la fecha. No se saben los motivos de la negativa a publicar estos documentos, por lo que la mera negación del derecho ciudadano a la transparencia es una causa plausible.
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Entre los puntos que, por esa omisión, habían permanecido ocultos están varios puntos interesantes. En su segunda reunión, por ejemplo, la Junta decidió que los asesores que contrata ya no serán llamados así, sino “secretarios de estudio legislativo”.
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En la tercera, engordaron la nómina al crear tres altos cargos, dos de nivel 13 y uno de nivel 14, para dirigir las nuevas secretarías técnicas de la Junta y de la Mesa Directiva, así como la subcoordinación de Seguridad y Resguardo.
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En la sesión del 17 de octubre, se estudió una nueva modalidad para contratar al personal de honorarios, para convertirlo en personal de confianza.
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En noviembre, revivieron oficialmente los vales de gasolina, definiendo el reparto mensual: cinco diputados, de los distritos más alejados, recibirían 14 mil pesos. Un segundo grupo, de siete integrantes de distritos a distancia media, recibirían 10 mil pesos. Los 15 diputados restantes, incluyendo los de los distritos urbanos metropolitanos, tendrán seis mil pesos.
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En total, 230 mil pesos mensuales.
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Y la cereza navideña del pastel legislativo: el acuerdo para erogar hasta 550 mil pesos en la posada de los empleados del Congreso.
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Todo eso se guardaron.
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El reporte de Artículo 19 sobre los obstáculos y riesgos que sigue enfrentando la prensa en el país dejó un dato muy preocupante: San Luis está entre los estados con mayor número de agresiones contra periodistas.
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Con una cabeza que frecuentemente se ve envuelto en polémicas con las coberturas críticas a los asuntos públicos, no es una sorpresa que la principal autoridad esté involucrada en esas lides.
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El caso de la reciente detención del periodista Omar Niño es uno de los ejemplos de la participación estatal en ese tipo de ataques.
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Y si no es por acción, son responsables por omisión, pues hasta un mecanismo especial de defensa al gremio tiene. El llamado de atención está ahí y si la autoridad no interviene en favor de la prensa, al menos que no contribuya en las agresiones.
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¡HASTA MAÑANA!
