Legalizando lo ilegal Ironía universitaria
Impulsado por la bancada Verde en el Congreso, se está concretando el absurdo de formalizar una maniobra del gobierno estatal que no tenía fundamento legal cuando se realizó.
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A varias semanas del anuncio del Ejecutivo de que ya estaban rentados todos los palcos de la Arena Potosí, las comisiones de Gobernación y Hacienda del Congreso aprobaron las modificaciones legales que deberían haber estado vigentes antes de que ocurriera la transacción.
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De nueva cuenta, una Legislatura a modo corregirá el error de la renta apresurada y que, hasta el momento en que el Pleno apruebe la iniciativa, es ilegal.
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El primer rechazo a los designios del gobernador Ricardo Gallardo con respecto a su gabinete se concretó ayer.
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Hace semanas, cuando detonó el pleito entre los titulares del Instituto Potosino de la Juventud, Jacqueline Camacho, y su similar del Deporte, Joaquín García, la primera fue destituida. En su lugar, el gobernador designó a la entonces secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Marcela Quevedo.
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Sin embargo, su arribo nunca se concretó. Ayer fue designado en el cargo un funcionario del Inpode, Jesús Rubio Velázquez.
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Al parecer, Marcela Quevedo prefirió dedicarse a sus actividades privadas antes que aceptar
el reacomodo.
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Un sector de los maestros está expresando su descontento ante el llamado de las autoridades educativas de afiliarse como militantes del Partido Verde Ecologista de México.
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También los burócratas estatales están reportando lo mismo.
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Aún no queda claro si se trata de una invitación o una orden, pero la medida nos regresa a los tiempos de la afiliación forzada que imponía el PRI a los trabajadores del estado.
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Resulta irónico que la abogada general de la UASLP, Urenda Navarro, cuestione la legalidad de un nombramiento, el de la anterior titular de la Auditoría Superior del Estado, hoy Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Edith Muñoz, como argumento para reforzar la negativa de la institución a ser fiscalizada por el órgano local, cuando su propia posición quedó tocada hace meses al revelarse que ostentaba un grado académico, el doctorado, que no estaba entonces oficialmente validado.
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La UASLP, y más precisamente, el rector Alejandro Zermeño, se arriesgan a graves consecuencias a causa de una estrategia legal, a cargo de la funcionaria, que sólo ha cosechado reveses.
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Especialistas que han asistido a los foros temáticos organizados por el ayuntamiento capitalino para diseñar el nuevo plan de desarrollo han mostrado su decepción, en especial porque los oradores presentados parecen más bien motivadores personales y la omisión del ayuntamiento de mostrar si el plan municipal actual tomó en cuenta las propuestas hechas hace tres años y si ha generado los resultados prometidos entonces.
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¡HASTA MAÑANA!
