Lista larga Otro escándalo
La oficina de Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reveló que el órgano de control interno de la institución educativa ha entrado a investigar si hay funcionarios o exfuncionarios que hayan intervenido en la gestión del polémico negocio de rentar un predio a una empresa que prometió un centro deportivo pensando en desarrollar en su lugar un centro comercial.
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Urenda Navarro, la abogada general, en cierto modo, confirma con esa noticia que la universidad cayó en cuenta de lo desfavorable que se tornó el negocio que se abrazó con entusiasmo.
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Pero ¿qué “funcionarios y ex funcionarios” estarían involucrados en el desarrollo del contrato y que pudieran ser el blanco de la investigación interna de la UASLP?
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El reflector estaría enfocado principalmente en el anterior abogado general, Joel González de Anda, que fue responsable de las negociaciones con la empresa y que incluso, firma a nombre de la UASLP.
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También participaron los integrantes de la Comisión de Hacienda: el director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán; la directora de la Facultad de Economía, Graciela Vélez Dávila; la secretaria administrativa de la UASLP, Hilda Borjas García, y el abogado general, Joel González.
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Y no se puede olvidar al propio rector, Alejandro Zermeño, entusiasta promotor de la idea hasta que se revelaron los puntos oscuros y, si se apura la cosa, a los integrantes del Consejo Directivo Universitario que votaron, primero a favor del contrato, y luego en contra, autorizando la búsqueda de la rescisión.
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Como se ve, la contraloría universitaria tiene bastante trabajo por delante. Lo que hay que determinar primero es si está dispuesta a hacerlo.
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La Fiscalía General del Estado trae desde hace rato la brújula perdida lo que la ha metido en varios líos.
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Está su indefendible actuación para evitar reconocer que se registró una muerte al interior de un trabajador en la Arena Potosí o filtraciones de datos oficiales sobre casos relevantes.
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Y ahora está de nuevo en el banquillo por señalar que el tráfico de drogas fue el entorno en el que se dio el asesinato de Daniela Martell.
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No solo vuelve a criminalizar a la víctima de una atrocidad, sino que el señalamiento parece apoyar la estrategia de evitar que las muertes violentas de mujeres se tipifiquen como feminicidios y así bajar la cuenta de ese delito para propiciar la eliminación de la alerta por violencia de género.
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La mala racha persiste, dejando a la FGE en situación muy comprometida.
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¡HASTA MAÑANA!
