Mala broma Opacidad partidista
La nota principal que hoy pública este medio parecería muy adecuada por ser el Día de los Santos Inocentes, pero es en serio: el descontrol en la Fiscalía General del Estado es tal que un simple comunicado de prensa se vuelve un
sinsentido.
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Este 2024 no ha sido el mejor para la FGE. Manuela Cázares no ha evitado la supeditación de la dependencia a los designios del ejecutivo que la nombró.
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Acotada por un equipo que no es el suyo, sino el de su antecesor, asediada por rumores de su salida hace unos meses, la fiscal no ha logrado ser la titular de una organización autónoma al cien
por ciento.
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Y la mejor muestra de ello es el caso de la persona fallecida en la Arena Potosí, que ayer, casualmente, volvió a tener actualidad.
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A fines de septiembre, el polémico espacio cobró su segunda víctima accidental, trabajadora en el sitio, coincidentemente. La FGE trató, primero de ocultar el hecho.
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Luego, otra casualidad, una serie de comunicados de prensa enredaron aún más a la dependencia, que ni siquiera se atrevió a reconocer al sitio consentido del gobernador Ricardo Gallardo como escena de una segunda muerte.
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Y hasta ayer, la fiscal se resistió a reconocer que el fallecido había sido empleado de una empresa que prestaba servicios a la
Arena Potosí.
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El caso del anuncio de la detención de un infractor que ya murió puede ser anecdótico, pero refleja la necesidad de que la FGE se aboque más a eficientar todos los aspectos de su labor.
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El Partido del Trabajo en San Luis no ha sido nunca afecto a la transparencia. Aún antes de la llegada de los nuevos franquiciatarios, el partido optaba por no respetar los ordenamientos de la CEGAIP.
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Y se espera que empeore la cosa ahora que la comisión está desahuciada.
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No es casualidad que las prácticas opacas de ese partido ya se estén presentando en el Congreso del Estado, ya que el jefe de ese partido es también el titular de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano.
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La muestra está en que la última acta de una sesión de la Jucopo, que preside Serrano, que se publica en la Plataforma Estatal de Transparencia data del 2 de septiembre, hace más de tres meses.
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Es lamentable, pero parece que el Legislativo ya se contaminó con esas malas prácticas.
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La afiliación forzada del Partido Verde también habría alcanzado a los cadetes de la Academia de Policía del estado. Conseguir una plaza en las corporaciones estatales estaría condicionado a pasarse a las filas del PVEM.
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¡HASTA MAÑANA!
