Mala fe Impacto criminal
La respuesta de Distribuidora VEM SA de CV a la intención de la Universidad Autónoma de San Luis de cancelar el contrato de arrendamiento del predio destinado al Proyecto Santa Fe fue feroz.
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El tono de las acusaciones contra autoridades universitarias subió a niveles penales. Y se extendió a elementos de dos empresas de comunicación, entre ellos, el dueño de ambas.
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Extorsión, fraude y otras graves acusaciones que se extienden a la cúpula de la UASLP y a un puesto clave, la oficina de Abogacía General. Y por el lado empresarial, manipulación de las autoridades universitarias y chantaje abierto.
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¿Qué tanta razón hay en las acusaciones que hace el apoderado de la arrendataria, Fabián Espinosa Díaz de León? Será tarea de la Fiscalía General del Estado definirlo.
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No es un secreto. Los antecedentes del demandante son bien conocidos, y la credibilidad no es la más sólida de sus virtudes.
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Es curioso que el blanco de la demanda no sea directamente la intención de rescindir el contrato del predio, sino que es evidente que se apunta a las reputaciones de los demandados.
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Quizá sea una respuesta al alto grado de crítica que el contrato generó desde el lado mediático de los demandados.
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Con ello, el demandante parece haber perdido el foco al preferir la pirotecnia de una demanda dura en detrimento de la oportunidad de lograr más si forzaba el límite del contrato al dejar sin argumentos a la UASLP. Y sólo había una manera de hacerlo: cumpliendo a cabalidad con los compromisos firmados.
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En la demanda pueden encontrarse señalamientos de que la empresa cubrió los requisitos establecidos en el contrato. Sin embargo, hay evidencias, y no sólo las manifestadas por la UASLP, de que no ha sido así.
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Eso le da elementos a la UASLP para realizar una impugnación eficaz. Habrá que ver si la capacidad de reaccionar de la Universidad se mantiene pese a que el calor de la contienda se elevó.
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Y del lado mediático de la demanda, la FGE tiene el reto de disipar toda duda de que el ejercicio periodístico se ha contaminado por la ambición.
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La idea de que San Luis Potosí es un territorio estanco para ciertos ángulos de la actividad criminal, concretamente del crimen organizado, se vio sacudido con el cateo y desmantelamiento ayer de un narcolaboratorio en la Zona Industrial de la capital.
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Peor aún, el descubrimiento no se hizo en un páramo perdido de la sierra en la Zona Media, la selva en la Huasteca o el desierto en el Altiplano, sino en el corazón económico de la zona metropolitana más importante del estado.
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Es un golpe directo al discurso de que San Luis sólo es paso de drogas, con el que se ha tratado de apaciguar las inquietudes sobre la extensión de la actividad criminal en el estado.
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Sobre la acción, realizada por la Marina y agentes federales, ninguna autoridad local dijo nada ayer. Quizá sea el pasmo de saber que el discurso de un San Luis estanco a la producción de drogas sintéticas se quedó sin argumentos.
