Negar la evidencia Informar sin números
En Palacio de Gobierno deben dejar de lado la visión absolutista de que lo único que cuenta es la voluntad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y que no existen límites a esa voluntad.
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El decreto de municipalización de Pozos, que es apoyada por toda la bancada satélite del Verde en el Congreso, plasma específicamente el reparto proporcional de la deuda pública de la capital entre los dos municipios involucrados: la capital y la nueva alcaldía.
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El documento está ahí y marca esa posibilidad. De hecho, el alcalde Enrique Galindo maneja, sin ahondar mucho en el asunto, esa posibilidad.
Pero Gallardo Cardona asegura, de manera equivocada, que la posibilidad de que Pozos emerja como nuevo municipio cargando con una parte de la deuda municipal es algo “falso de
toda falsedad”
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El señalamiento de que Pozos va a ser un “municipio con mucho dinero” es sólo un deseo voluntarista, pues hay todo un proceso establecido para que el nuevo municipio defina el monto que tendrán sus arcas.
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Pero quizá el debate sobre la deuda de la nueva alcaldía quede rebasado por la posibilidad de que no haya nuevo municipio.
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El Poder Judicial de la Federación mantiene el suspenso sobre el destino final de Pozos, lo que obligó al Congreso a declarar un receso en la sesión que ayer se realizó y en la que se preveía aprobar la declaratoria en caso de un fallo favorable.
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A lo mejor ni siquiera haya municipio con el que la capital pueda dividir sus pasivos.
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Y en el recuento de los informes de gobierno como herramientas de autoelogio, más que divulgación del quehacer de los gobernantes, el segundo de la alcaldesa Leonor Noyola, alcanzó un nuevo nivel al asegurar que ha habido una baja sostenida en la incidencia delictiva… sin ofrecer ninguna cifra para apoyar la afirmación.
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En ninguna parte de las 20 páginas dedicadas al tema de la inseguridad en el informe de Soledad de Graciano Sánchez se ofrece alguna herramienta que ayude a comprobar que, efectivamente, la seguridad mejoró en el segundo año de gobierno de la presidenta municipal.
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No se puede concebir cómo el ciudadano puede aceptar el señalamiento sin una referencia sobre la magnitud en la que supuestamente, la actividad delictiva disminuyó en el vecino municipio.
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Parece que esa es la apuesta de las autoridades: que se queden con lo que desean expresar, sin dar oportunidad de saber si
es o no verdad.
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Y, en el caso particular de la baja de la incidencia delictiva en el vecino municipio, no lo es, ya que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento.
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Este nuevo episodio confirma el uso de los informes gubernamentales como herramienta de propaganda, más que un mecanismo de rendición de cuentas.
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¡HASTA MAÑANA!
