Negociazo El agente Covid, jubilado
Los temas de modernización de las dependencias registrales, la simplificación administrativa, el gobierno “inteligente” y la agilización de trámites en línea son frecuentemente mencionados en boletines y comunicados de dependencias que quieren presumir que tenemos gobiernos libres de filas.
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El tope con la realidad se da cotidianamente en la sede de Bolívar de la Dirección del Registro Civil, donde los usuarios sufren un verdadero martirio para tramitar diversos documentos, desde el acta de nacimiento hasta la de defunción.
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Y no sólo es que los usuarios tengan que invertir horas de tediosa espera en las colas que se forman fuera de la dependencia. Lo peor es que esa inversión de tiempo, la mayoría de las veces es infructuosa, pues al final de la jornada, la dependencia no les entrega el documento.
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¿Por qué sucede eso, pese a las enormes inversiones que se hacen en materia de equipamiento, sistemas y recursos humanos?
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La autoridad debe responder. Pero da mala espina que, al mismo tiempo en que el personal del Registro Civil le niega al usuario los documentos, éstos estén disponibles con relativa facilidad tras los mostradores de algunos negocios que aprovechan la cercanía con la oficina estatal para hacer un lucrativo y poco claro negocio.
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A un precio, claro. Y muy alto.
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La inoperancia y la lentitud de los trámites en el Registro Civil lucen sospechosamente convenientes para la clase de negocio que se realiza en esos establecimientos.
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Las alternativas no son halagüeñas: puede ser el tradicional método del “coyotaje”, en donde intermediarios cortan camino con empleados y tienen una rápida atención. La otra es más preocupante: ¿Tienen esos negocios acceso a los datos oficiales de cientos de miles de potosinos, que se suponen deben ser resguardados por la autoridad?
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La Dirección del Registro Civil debe explicar por qué no se puede hacer más ágil el servicio y deslindar a su personal de este lucrativo negocio o sancionar al personal que se detecte involucrado en estas maniobras.
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El mejor elemento que han tenido las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno en los últimos meses está perdiendo efectividad.
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Luego de que, cuando menos desde abril del año pasado mantuvo a raya a casi todos los criminales, con excepción de la delincuencia organizada, que no dejó de matar, el Covid parece enfilado a la jubilación como elemento inhibidor de la delincuencia.
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Desde abril, cuando ya empezaba a registrarse una sensible baja en la incidencia de la enfermedad, empezaron a aumentar delitos que durante un año habían presentado cierta reducción.
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En mayo, la situación se desbocó y ahora las reducciones delictivas fueron la excepción.
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Se espera que, con el regreso a las cifras cada vez más altas en materia delictiva, regresen los pretextos de los funcionarios a los que un virus les hizo la tarea por un largo rato.
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Y cuando se cuestionan los malos resultados de la Alerta de Violencia Género en San Luis, mayo arroja tres feminicidios en la entidad, con lo que se empata, apenas en el quinto mes del año, toda la incidencia del delito ocurrida en 2020.
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Seguramente en junio, cualquier muerte violenta de una potosina convertirá a 2021 en un año peor que el anterior en esta materia.
¡HASTA MAÑANA!
