Nuevo aviso Las impugnaciones van
Segundo cadáver que aparece colgado de un puente en este mes. La terrible táctica del crimen organizado para generar temor está reactivándose.
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El primero se registró el pasado 9 de junio, cuando el cuerpo de un hombre fue colgado de en un puente de la carretera 57, en el entronque que va a la cabecera municipal de Charcas.
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El gobierno estatal trató de desestimar el terrible hecho al señalar que la víctima había sido asesinada fuera del estado e introducida a territorio potosino.
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Y ayer, el hecho se repitió en plena zona metropolitana, en el puente de la 57 que conduce a Cándido Navarro.
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¿Otro cuerpo que viajó decenas de kilómetros desde otra entidad? A ver con qué salen.
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A propósito de la inseguridad, parece que afuera, la realidad sí está por encima de la imagen. El diario milenio publicó el martes una entrevista con Gerardo Serna, titular de la Coordinación Centro Norte de la Guardia Nacional, encargada de la vigilancia en el Bajío.
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El jefe policiaco hizo un balance de la situación en las entidades y, la más grave, se da en Guanajuato, por la guerra del huachicol entre grupos delictivos.
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Y en segundo lugar, mencionó a San Luis Potosí. Es decir, esta entidad le sigue al estado de las matanzas frecuentes y el robo abierto de combustible.
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El coordinador señaló que SLP requiere atención “por su red carretera y conexión con estados con altos índic lll es delictivos”.
La declaración le avienta un salvavidas al discurso de justificaciones de la autoridad local, pero los cadáveres en los puentes apuntan a otra cosa.
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Por tardarse en definir si el alcalde estaba en la ciudad o había emprendido una nueva salida, el ayuntamiento de la capital, alimentó la leyenda negra del “alcalde viajero”. En la política y en la información, los espacios se llenan si no se fijan posturas claras.
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Las impugnaciones contra los resultados de la elección judicial siguen en el Tribunal electoral del Estado.
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En sesión de ayer, los magistrados electorales aprobaron, por mayoría de 2 votos contra 1, aprobaron la acumulación de tres juicios de nulidad y uno más para la defensa de los derechos ciudadanos presentados contra los resultados reconocidos por el Ceepac y la asignación de cargos.
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Los promotores son Janet Hernández Trejo, José de Jesús Cárdenas, Juan pablo Almazán Cue y Héctor Vega Robles, cuyos cuestionamientos se centran en la legalidad de la postulación, y posterior triunfo, del exfiscal general José Luis Ruiz Contreras. Llama la atención que ningún recurso se rechazó.
