Penurias judiciales Transporte deficiente
Las protestas de trabajadores activos y jubilados del Poder Judicial del Estado por la falta de pago de algunas prestaciones laborales ya eran un indicador de que en los tribunales, la situación financiera era difícil.
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Pero la profundidad del daño queda desnudado al checar los reportes financieros que revela el Consejo de la Judicatura y que reflejan una fuerte erosión a causa de los pasivos.
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Siendo el poder estatal con el segundo mayor presupuesto detrás del Ejecutivo, con mil 321.5 millones de pesos previsto para este año, es difícil de comprender por qué los números rojos son tan abultados: casi 400 millones de pesos.
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El Poder Judicial, sin mencionar al Ejecutivo en su informe financiero, justifica en la tardanza señalando que no recibe en forma líquida los recursos para nómina correspondientes al final de los tres últimos años, por lo que tiene que endeudarse con la Secretaría de Finanzas.
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Un dato que se reconoce, y que prende las alarmas, es que Finanzas les señala que sus recursos disponibles se agotan antes de enfrentar los gastos de fin de año.
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¿En qué y cómo gastan los magistrados los recursos que les proporciona el erario? La situación que amenaza con repetirse este año justifica que se le eche un ojo a las finanzas judiciales para asegurar un uso correcto de recursos.
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Que el sistema de transporte público en la capital es deficiente, lo saben miles de usuarios que tienen que enfrentarse a viajes incómodos y largos, en unidades que no están siempre en las mejores condiciones.
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Sin embargo, el estudio del Centro Mario Molina sobre transporte público en las principales ciudades del país expone a detalle a las carencias y ubica al sistema potosino el sitio que le corresponde entre las principales ciudades del país.
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Está lejos de los mejores, con focos rojos en eficiencia, afectación al medio ambiente y accesibilidad a usuarios vulnerables, rubro en el que sólo obtuvo un vergonzante cero.
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Estos resultados no podrían ocurrir sin prestadores de servicios deficientes, pero también contribuye el desorden normativo de una SCT que no ha hallado el rumbo en esta administración.
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No todo es la Red Metro, proyecto consentido del gobierno gallardista, que se lleva toda la atención y recursos, al parecer. El abandono resultante lo pagan los usuarios del resto del sistema concesionado.
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¡HASTA MAÑANA!
