Polémica cercanía Muerte en la arena
La sombra de la controversia se cierne sobre el caso de los exfuncionarios inhabilitados por la tragedia del bar Rich.
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Jorge Daniel Hernández Delgadillo, como secretario del Ayuntamiento, ocupaba una posición demasiado sensible en un escenario en el que su hermano y socio en el despacho se asumiera como abogado de los cuatro exfuncionarios sancionados por la Contraloría.
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Y no sólo se trata de Nicolás Hernández Delgadillo, sino que otros asociados del bufete han acompañado la defensa legal y han presentado en el proceso el mismo domicilio que aparece en la declaración de intereses del hoy titular del Interapas como sede del despacho en el que ha trabajado y recibe una retribución económica.
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Con esas ligas demasiado evidentes, la alcaldía se arriesgó a mantener en el cargo al funcionario. De modo alguno podía impedir que los funcionarios señalados no pudieran contratar los servicios legales que quisieran, pero el riesgo de cuestionamientos públicos por la presencia de Hernández Delgadillo en el gabinete, aunque no hubiera tenido ninguna participación en el proceso sancionatorio, era alto. Y seguramente habrá consecuencias.
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De nueva cuenta, la tragedia vuelve a cebarse en la Arena Potosí, con el fallecimiento de un trabajador, otra vez, al interior de sus instalaciones.
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El proyecto insignia de este gobierno recibe un golpe a pocos días de su inauguración, y su imagen queda aún más enturbiada por el vergonzoso ocultamiento que se ordenó desde Palacio y que la Fiscalía General del Estado concretó de manera desastrosa, emitiendo un boletín en el que ni siquiera se manejó el nombre de la arena, que fue identificada como “un centro de espectáculos”.
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La segunda versión señalaba que el incidente había ocurrido “en la colonia Satélite”, seguida de la encarecida petición del área de comunicación social de que se ignorara el primero.
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El gobierno estatal ni siquiera se preocupó por hacer un control de daños. De hecho, consideró más importante informar que regalaría boletos para el concierto de Luis Miguel que explicar el accidente mortal.
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No es asunto menor y de hecho, puede compararse al caso Rich en el sentido de que hay funcionarios que deberían rendir información sobre las circunstancias del accidente y, llegado el caso, ser sancionados. Pero es remoto que ocurra.
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Por otra parte, ojalá que el gobernador Ricardo Gallardo haya aprendido la lección y reaccione de modo distinto a como lo hizo con la muerte del obrero durante el prcoeso de construcción.
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Esa vez, el coraje que le generó la cobertura del hecho le hizo dar uno de sus más desafortunados discursos que, por su agresividad, le generó cobertura negativa en medios de todo el país.
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Todo indica que el gobierno estatal debe buscar una nueva carta para suplir a la extitular del Instituto Potosino de la Juventud, Jacqueline Camacho, damnificada por la prepotencia del director del Inpode, Joaquín García.
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Marcela Quevedo, que inicialmente fue desplazada de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos para tapar ese hueco, está dando indicios de que no asumirá ese cargo.
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