Recortan autonomía Limbo extendido
Generalmente, las alcaldías son muy celosas de su independencia frente a los otros dos niveles de gobierno, teniendo como escudo el artículo 115 Constitucional, relativo a la autonomía municipal en varios aspectos, incluyendo el de sus ingresos.
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Pero ayer, el asunto dio un giro en 180 grados con la publicación de 36 convenios de colaboración fiscal firmados por 36 alcaldías y la Secretaría de Finanzas.
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Los ayuntamientos que firmaron este acuerdo, cedieron en favor de la dependencia que dirige Salvador González, la administración del impuesto predial y del de adquisición de inmuebles, dos de los tributos torales de cualquier alcaldía.
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A partir de la publicación de los convenios de coordinación, el gobierno estatal estará a cargo de los padrones de contribuyentes, recaudación y cobranza, imposición de multas y poder legal para participar en cualquier fase de litigios derivados del cobro de estos impuestos municipales.
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Los convenios no establecen cómo se manejará el traspaso de los recursos municipales captados por Finanzas, en caso de que se tenga prevista esa devolución.
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Los municipios de la capital, Valles, Matehuala, Rioverde, Tamazunchale y Villa de Reyes están entre los doce municipios de los que no aparece convenio. Únicamente Soledad de Graciano Sánchez lo firmó.
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No se trata de un convenio exclusivo entre el estado y alcaldías gallardistas, porque la vigencia de los contratos es hasta el 30 de septiembre de 2024, cuando terminan las actuales administraciones. Además, da pie a la terminación anticipada si algún ayuntamiento desea suspender el convenio.
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Habrá que ver las implicaciones que tiene este paso que decidieron dar 36 ayuntamientos, pero parece que mengua la autonomía municipal.
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Que para precisar las causas de por qué la Agencia Pro San Luis, que debía desaparecer en febrero pasado, sigue en el limbo, hay que voltear a la Secretaría de Finanzas.
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El motivo de la modificación del decreto administrativo que declaraba la extinción de la dependencia es que, si bien se cumplieron todos los pasos requeridos para cumplir esa encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quedó pendiente el último: financiar las obligaciones laborales que imponía la liquidación.
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Así es, el dinero de las liquidaciones nunca fue aportado por Finanzas, por lo que, al cumplirse el plazo de 90 días que establecía el decreto original, las partes responsables se deslindaron de la tarea, que tuvo que ser trasladada a otras manos dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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Y si bien liquidar a los exempleados de la aún no extinta dependencia implica una suma importante, unos 600 mil pesos, para algunas otras acciones, de corte más superfluo, el gobierno estatal ha destinado sumas mayores.
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Es decir, que sí hubo recursos millonarios para el gigantesco adefesio navideño que ubicó en Fundadores, pero no el pago del derecho laboral de varios empleados.
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Y en tanto, la Agencia Pro San Luis seguirá en el limbo un tiempo indeterminado, porque la modificación del acuerdo administrativo no establece un nuevo plazo.
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¡HASTA MAÑANA!
