Reparto injusto La UASLP, también opaca
El monstruoso adeudo del gobierno estatal con la Dirección General de Pensiones sigue creciendo mes con mes, pero las cosas apuntan a que la propuesta oficial de solución busca cargarle el mayor peso a los trabajadores estatales.
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Y aunque en las sesiones de la Junta Directiva del organismo hay llamados cada vez más insistentes a la Secretaría de Finanzas para que cumpla con su obligación, en público se apunta a la misma solución de siempre cuando los sistemas de retiro público se hacen insostenibles: alargar la edad de retiro de los trabajadores.
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Así lo manifestó el titular de la dependencia Arturo Coronado en una reciente entrevista. Los burócratas y maestros, indicó, deben tener conciencia de que sus aportaciones son insuficientes para cubrir las jubilaciones.
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No le falta razón al funcionario. Es un problema generalizado en el servicio público nacional y en los estados. Pero en el caso potosino existe una agravante: el gobierno estatal, desde hace varias administraciones, no han cumplido con el pago a Pensiones, no solo de sus aportaciones, sino de las de los trabajadores, descontada vía nómina.
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Y no se ve la misma determinación de la DGP en exigir el pago del injustificado adeudo que imprime en alargar la vida laboral de los trabajadores.
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Los inconformes de la Facultad del Hábitat de la UASLP no descansaron y ayer domingo realizaron una protesta para exigir la renuncia de la directora Rosa Reyes Moreno.
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Lo más probable es que la Rectoría insista en el argumento de los intereses externos y siga la negativa de admitir que el problema nació por el torpe manejo dado a la imposición de la directora.
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No es la primera vez que aparece esta tendencia al victimismo en esta rectoría. Las controversias con otras instancias no son responsabilidad de la UASLP y considerarlo es un ataque a la autonomía.
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Y no se descarta que haya razón en el señalamiento. La UASLP tiene un gran peso y es blanco de ambiciones políticas.
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Pero la institución educativa no puede exigir por ello quedar exenta del escrutinio público ni del señalamiento de sus fallas y contradicciones.
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Porque, como todo organismo público, las tiene. Esta, como ejemplo, la cuestión del manejo del erario y la transparencia, concretamente, en la difusión de los contratos públicos.
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De acuerdo a la Plataforma Estatal de Transparencia, la UASLP ha regisytrado en lo que va del año 46 procesos de adquisición, 14 de ellos a través de licitaciones o invitaciones restringidas y, más del doble, 32 adjudicaciones directas.
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De ese casi medio centenar de operaciones, no aparece ni un solo contrato que permita conocer los términos y condiciones de las compras universitarias.
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Los contratos no están en la Plataforma ni en la sección de transparencia de la web de la UASLP, que por cierto, la última vez que se actualizó fue hace más de un año, en mayo de 2023.
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Pero no es sólo es esa omisión, sino chapuzas inocultables, como publicar en el apartado correspondiente a adquisiciones, en enero pasado, los inventarios de muebles de la institución en lugar del listado de operaciones.
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Y para abundar en la opacidad, en los propios listados de adquisiciones se oculta en buena parte de los casos el monto de las operaciones, los plazos de los contratos y otros elementos de los procesos de compra.
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Es una muestra de que la UASLP, como otras instancias públicas de San Luis tiene fallas y omisiones, las
cuales no deben escapar del señalamiento público.
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Hacerlos, en este y otros casos, no debe ser considerado un ataque por
la Rectoría.
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