El Morro, un pantano

El acueducto El Realito es el caso emblemático de cómo en San Luis Potosí, un proyecto hidráulico se puede convertir en una pesadilla que combina el desperdicio de millones de pesos y pésimos resultados.

Pero al menos el acueducto funciona... a veces. Hay otra obra que se ha tragado una suma millonaria durante 17 años y las autoridades involucradas no sólo no han podido hacerlo funcionar, sino que se mantiene el riesgo de que se sigan perdiendo sumas ingentes de dinero en penalizaciones: se trata de la planta tratadora de aguas residuales de El Morro.

La historia del desastre se puede seguir en los documentos del Interapas, pero en ella están involucradas también la Comisión Estatal del Agua, Banobras, Ecoaqua, el consorcio encargado de la construcción, los ayuntamientos de Soledad y la capital y los bancos Banorte y Multiva. 

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La planta fue ideada para apoyar el tratamiento del 100 por ciento de las aguas negras de la zona metropolitana de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, terminar con el problema sanitario de las aguas residuales a cielo abierto, apoyar la industrialización de la agricultura en el valle de Villa de Reyes y contribuir, en general, con la mejora en el abasto del agua.

Eso eran los planes, cuyos primeros antecedentes pueden rastrearse hasta 2008, en el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. Cuatro administraciones estatales y seis municipales después, la planta está convertida en un cementerio de fierros y concreto que languidecen en el abandono, grafiteados y expuestos al robo y al vandalismo. 

Eso es lo físico. En lo financiero, las cosas pintan peor. A casi una década del banderazo de salida que dio Juan Manuel Carreras en 2016, la obra está inconclusa porque el presupuesto de 485.5 millones de pesos se terminó. La estimación más reciente, que es un decir, porque data de junio de 2022, de la cantidad necesaria para concluir la planta es de 45 millones de pesos. Seguramente, será más alta ya actualizada. 

Y pese a que El Morro no ha tratado un litro de agua, hay una disputa entre Banorte y las alcaldías en torno a una línea de crédito que sirve para respaldar los vencimientos de las contraprestaciones mensuales a la que están obligadas a pagar las alcaldías. También en 2022, el Interapas calculó que el adeudo era de 100 millones de pesos y Banorte busca cobrar y cancelar el crédito.

Pero el riesgo mayor viene del lado de Banobras. Una parte del proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), bajo el esquema de fondo perdido, es decir, las instancias locales no tendrían que pagarla. Pero ante el hecho de que el proyecto está inconcluso y con los problemas bancarios en ciernes, en 2022, Banobras pidió a la CEA y al Interapas un plan para evitar que se activara la cláusula de cancelación del contrato, lo que implicaría que la CEA debería devolver 144.7 millones de pesos que se suponía iban a fondo perdido.

¿Y cómo se llegó a este desastre? La historia de El Morro empieza a finales del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, en 2008, cuando se empezó a diseñar el esquema de financiamiento de la obra. Eran tiempos ambiciosos, cuando se pensaba que esta tratadora, al proyecto El Realito y al plan de mejora integral del Interapas terminarían con el problema de la gestión del agua en la zona metropolitana.

El Morro estaba pensado para tratar 750 litros de agua contaminada por segundo, contaría con 23 kilómetros de colectores y canales para distribuir el agua hasta Villa de Reyes.

Se estimaba una inversión de 334.6 millones de pesos. Aunque aumentaría más de 100 millones de pesos.

Para su diseño, se pensó en un contrato de prestación de servicios, en el que quien ganara la licitación la operaría 18 años cobrando a Interapas una contraprestación.

Pese a la gravedad del problema y a la urgencia en resolverlo, las autoridades se tomaron su tiempo. 

En abril de 2009, la CEA y el Interapas firmaron el contrato de servicios de tratamiento de agua, que definió los derechos y obligaciones de las partes. Ese mismo mes, se lanzó la convocatoria de licitación del contrato de prestación de servicios (CPS) de tratamiento de agua. En julio de ese año, se da a conocer que Ecoaqua de San Luis Potosí SA de CV, un consorcio formado por 4 constructoras nacionales y en agosto se firma el CPS.

El gobierno del panista De los Santos Fraga acabó y ya bien entrado el de Fernando Toranzo, en enero de 2011, se creó el fideicomiso 10163-12-207, entre la CEA, Interapas, las alcaldías de Soledad y la capital y Banorte como fiduciario. Su propósito fue servir como mecanismo de pago de las contraprestaciones mensuales por el servicio de saneamiento a las que se obligó Interapas. El monto del pago sería de 3.4 millones de pesos, pagados por las alcaldías. 

Para pagar la construcción de la planta, en octubre de 2012, se creó otro fideicomiso, el 11383-12-62 entre la CEA, el Interapas y Ecoaqua. El fiduciario sería el Banco del Bajío. 

En marzo de 2013 se creó el primer riesgo financiero que amenaza actualmente al proyecto. El Interapas firmó con Banorte una línea de crédito contingente por 10.2 millones de pesos, equivalente a tres meses del pago de la contraprestación por los servicios de saneamiento.  

Un año después, en marzo de 2014, tras once prórrogas pedidas por el gobierno potosino, se suscribió con Banobras el contrato de aportación de recursos: 40 por ciento del costo de la planta a fondo perdido. Dicho apoyo ascendería a 133.9 millones de pesos.

En la cláusula décima de ese contrato, quedó establecido entre las causas de terminación anticipada "cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas". Ese sería el otro huevo de la serpiente contra el proyecto.

Pasó otra administración estatal y no se lograba echar a andar el proyecto. 

En septiembre de 2015, se modifica el contrato de crédito de Banorte a Interapas para garantizar el pago de aportaciones municipales afectando participaciones federales. Se suponía que el mismo debería inscribirse en el registro de deuda de la SHCP, pero en 2017, el Interapas pidió copia del registro y no lo pudo obtener. 

Este hecho que resultaría muy perjudicial ocurrió en la transición entre dos alcaldes que hoy son parte del gallardismo, el secretario de Cultura, Mario García Valdés, que terminaba su trienio; y Ricardo Gallardo Juárez, fundador del movimiento, hoy diputado federal, que lo iniciaba. 

En octubre de 2015, iniciado el gobierno de Juan Manuel Carreras López, se modificó el acuerdo del fideicomiso para la construcción de la planta, para ajustar las condiciones actuales del proyecto y en octubre de ese año, se instituyó apenas el comité técnico del fideicomiso.

El 2 de mayo se firmó el acta de inicio de vigencia del CPS. El Interapas anota varias anomalías: no se establece la fecha de inicio del periodo de inversión, como lo mandaba el CPS.

Por fin, el 30 de junio de 2016, el gobernador Carreras se dio el banderazo del inicio de la obra. Para entonces, la inversión había crecido a 395 millones de pesos.

Sin embargo, como había apuntado el Interapas, hubo otras anomalías. Como que no hubo acta de inicio, ni se había definido la puesta en marcha del periodo de 2 años previstos para la construcción y, lo más importante para el organismo, el inicio de los pagos de las contraprestaciones.

En el papel, la obra debería haberse concluido en 2018, pero en julio de ese año, la constructora pidió una prórroga para terminarlo en diciembre. En respuesta, el Interapas pidió a la CEA la solicitud para precisar la entrada en operación de la planta, ya que la línea de crédito contingente debía estar formalizada.

Diciembre pasó y la obra cayó en un hoyo negro. Nadie pareció ocuparse de qué sucedía, pese a que el parón en el sitio de la obra era evidente. Al contrario, en notas de 2019, la CEA presumía un gran avance y que ese mismo año se concluiría.

Para el Interapas, esto implicaba que el fideicomiso 11383-12-62 no se había aplicado, pues éste se activaría cuando la planta entrara en operación. Por ello, no había depositado cantidad alguna para reservarla para el pago de la contraprestación.  

El tiempo cobró caro la indolencia de las autoridades. En 2022, ya en los gobiernos de Ricardo Gallardo Cardona en el estado y Enrique Galindo en la alcaldía capitalina, se prendieron los focos rojos. En mayo de ese año, Banorte notificó a la alcaldía que cancelaba la línea de crédito "por un supuesto incumplimiento del total de las obligaciones pactadas", según un documento del Interapas.

El amago alertó a Banobras que no tardó en inquirir a la CEA y al Interapas qué medidas se tomarían para enfrentar la situación y, velada amenaza, evitar hacer efectiva la cláusula 10 del convenio de aportación de recursos de 2014, esa que establecía la anulación del mismo y obligaba a las dependencias estatales a devolver a Fonadin la aportación federal.  Un golpe doble. 

En una sesión de la Junta Directiva del Interapas, celebrada en octubre de ese año, ese órgano colegiado trató el asunto.

El acta de la misma refleja la preocupación de los integrantes, que opinaban que se trataba de hechos "gravísimos".

El origen del problema, reconocieron, fue que al firmar un convenio modificatorio del contrato del crédito, no se registró ante la SHCP, situación que ya se había advertido. Precisamente, el firmado entre los gobiernos de García Valdés y Gallardo Juárez.

Modificaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental impidieron que se pudiera reparar el error, por lo que, en la práctica, esas modificaciones no existieron.

Ante eso, Banorte pidió ejecutar las garantías del contrato preestablecidas por una deuda que en esa sesión fue calculada en 100 millones de pesos.

¿Por qué se le cobraba a Interapas un servicio que nunca recibió debido a que la planta estaba inconclusa y, por tanto, no trataba ni una gota?

Porque en el contrato de prestación de servicios, según explicó el entonces director de la CEA, Benjamín Pérez, establecía que a partir del mes 204 de vigencia del contrato, se abría el periodo de pago para las alcaldías, estuviera o no terminada la planta.

Aunque se hicieron algunos pagos de la contraprestación mensual por parte de la CEA y la alcaldía, ésta dejó de pagar en el gobierno de Xavier Nava, según el documento.   

Así, se formó el nudo gordiano de El Morro: la planta estaba inconclusa, vandalizada y había sufrido robo de equipo. Aquaeco y su banco, Multiva, requerían dinero para finalizar la obra o un poder legal que, según la CEA, se usaría para lanzar demandas en redondo. 

Banorte, que le pagaran el adeudo de las contraprestaciones no saldadas por el Interapas y con el ojo puesto a las participaciones federales. 

Banobras, al no ver avances, amenazaba con exigir la devolución de su parte.

Y el Interapas y la CEA, según confesó el titular de la dependencia estatal, sin plan para afrontar la situación y buscando no pagar ninguna suma que no garantizara que la planta se terminara. Abonar a la deuda o pagar los daños generados por el vandalismo y el robo no eran opciones.

En junio de 2022 hubo una reunión entre todas las partes involucradas. Cada una expuso sus ambiciones, pero, salvo seguir haciendo reuniones y analizando propuestas, no salió nada en concreto.

Salto a la actualidad. Pese a las urgencias y a las preocupaciones expuestas más de dos años antes, la estrategia de patear el bote al futuro persiste. Interapas informa en su más reciente reporte que "en el mes de marzo de 2025 no se presentan cambios".     

Y así, el desastre de la planta de tratamiento de El Morro se acerca a cumplir la mayoría de edad en 2026.