GCO/161/2022: GANAR Y GANAR
En torno a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2023-D-24028-23-1796-2024, analizadas en la entrega pasada, a una docena de contratos de obra pública del ayuntamiento capitalino por presuntas anomalías que esbozaban una red de empresas que habrían incurrido en “una posible colusión” en el otorgamiento de contratos, el gobierno de Enrique Galindo Ceballos optó por patear el bote sobre la posibilidad de hablar del tema.
Oficial y extraoficialmente, la postura fue, primero, que no estaban notificados de los resultados y segundo, que la alcaldía tiene un plazo de dos meses para solventar las observaciones y que hasta entonces, hablarían del asunto.
La primera afirmación queda ampliamente desmentida por el hecho de que el texto de la ASF presenta 8 oficios firmados por el director de Administración, Planeación y Finanzas del ayuntamiento, Gabriel Hernández Segovia, dirigidos a la ASF en donde expresamente envía documentos para solventar las observaciones.
Todos fechados en enero pasado. En la alcaldía saben de qué se trata, pero tratan de escudarse en una falacia.
En tanto la alcaldía capitalina decide cuándo contesta, en la entrega pasada se habló de una empresa subcontratista que aparecía identificada sólo con su clave de registro en el padrón municipal de constructores: GCO/121/2022.
La empresa llamó la atención a los auditores federales por dos situaciones.
De inicio, fue señalada por haber sido subcontratada por los ganadores en cuatro de los doce contratos auditadas, llevándose de los subcontratistas 248.2 millones de pesos, según lo establece el informe.
Esto representaría el 67.21 por ciento de los 369.3 millones de pesos que, en conjunto, sumaron los doce contratos, y una cifra muy superior a los 125.4 millones de pesos observados a la alcaldía por la ASF.
La otra observación deriva del hecho de que un funcionario municipal había sido empleado de la empresa hasta noviembre de 2022, cuando todavía corrían los contratos del paquete de obras.
Se trata de Eustorgio Chávez Garza, que de ser director técnico de la empresa saltó en febrero de 2024 a la subdirección de Construcción de Obras del ayuntamiento, sustituyendo a Marcelo Brandi, señalado por firmar documentos relativos a los contratos sin estar facultado para ello, pues ya había renunciado al cargo.
A la salida de Nazario Pineda de la dirección, también señalado en la auditoría por haber permitido la usurpación de funciones referida en el párrafo anterior, Chávez Garza ocupa transitoriamente ese puesto, el que fue ratificado al inicio de la segunda administración galindista.
Quién sabe si a propósito, en varios CV que aparecen publicados por la alcaldía en cumplimiento de las normas de transparencia, Chávez Garza no proporcionaba el nombre de su exempresa cuando tocaba el tema de la experiencia laboral. Sólo la identificada como “consorcio empresarial” donde laboraba como jefe de obra civil.
Pues bien, esta columna pudo averiguar que la misteriosa empresa es Grupo Constructor Osfoc SA de CV. Fue fundada por empresarios potosinos en mayo de 2010, de acuerdo a la documentación del Registro Público de la Propiedad del estado, pero en octubre de 2021, a pocos días de iniciado el primer trienio de Galindo Ceballos, cambió de manos a dos empresas inmobiliarias neoleonesas, Alora Desarrollos Sociedad Anónima Promotora de Inversión; y Enlaces Comerciales Bienes Raíces SA de CV, de San Pedro Garza García, la primera, y de Monterrey, la segunda, de acuerdo a los expedientes registrales del Registro Público de Comercio del estado norteño.
Esta misma fuente señala que las empresas comparten un nombre: Alejandro Miguel Chávez de la Garza, socio de las dos; por su parte, Nelva Margarita Alfaro, socia en Enlaces Comerciales, aparece como apoderada legal de Osfoc.
Otro socio de Alora, David Aguilar Aguilar, ha fungido como apoderado legal de la constructora Proyectos y Desarrollos Salve SA de CV, participante frecuente en licitaciones del ayuntamiento galindista, que ha ganado licitaciones millonarias en proyectos como el fallido paso vehicular de El Saucito y que fue incluida por la ASF en el presunto entramado empresarial que se hizo de los doce contratos observados por la ASF.
Pero Osfoc, o los socios relacionados con su filial y empresas hermanas, no sólo ha ganado dinero cuando concreta alguna licitación. También perdiéndolas
saca beneficios.
Constructores consultados por esta columna señalaron que la empresa dispone de un sistema muy específico para abastecer asfalto, por lo que cuando se trata de construcción de vías, aún las competidoras las requieren.
Eso se observa en la licitación de uno de los concursos observados por la ASF, el de la construcción del paso inferior de Himalaya, las 4 constructoras que compitieron en noviembre de 2023, incluyendo Proyectos y Diseños Salve, “hermana” de Osfoc, presentaron una carta compromiso y cotización de esta empresa para suministro de mezcla asfáltica protocolo Amaac II.
Con cualquier ganado, Osfoc recibiría un pago derivado de la licitación municipal.
Otro caso idéntico se dio en una licitación que fue parte del programa Vialidades Potosinas, celebrado en febrero de 2024, justo cuando Chávez Garza pasó de Osfoc a la alcladía.
Ventaja competitiva o conflicto de interés, como sospechó la ASF, la empresa siempre gana.
Deuda camaleónica
La publicación de la cuenta pública 2024 de las finanzas estatales, que reseña los movimientos financieros del año anterior, ingresos, egresos y endeudamiento, entre los más llamativos, muestra en este último rubro, que el apalancamiento del gobierno en el crédito bancario, especialmente el de corto plazo, y el dejar de pagar sus cuentas, son ya una política instituida por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, con los riesgos que ello conlleva.
El reporte, que ya está en manos del Congreso, pero del cual los diputados no han dicho una palabra sobre sus resultados, también muestra los virajes en el modo en el que la Secretaría de Finanzas justifica los incrementos de sus pasivos. Sin embargo, se mantiene una constante: insistir en que son necesarios y que van en línea de una política de finanzas sanas.
Quizá esto se deba a la falta de continuidad en la Secretaría de Finanzas, que lleva ya tres titulares en esta administración: Salvador González Martínez, que abrió el sexenio y fue cesado en noviembre de 2023; Omar Valadez Macías, que tomó el relevo, para abandonar la secretaría en septiembre del año pasado, y Ariana García Vidal en el cargo desde esa fecha.
Esta discontinuidad en la cabeza de Finanzas coincide con diferencias en el tratamiento del tema del endeudamiento y de sus causas, de acuerdo a una revisión de los informes de cuenta pública que ha publicado el gobierno gallardista.
En el documento correspondiente a 2021, cuyo ejercicio de recursos fue, en su mayoría, responsabilidad del saliente de gobierno de Juan Manuel Carreras López, González Martínez reportó pasivos por once mil 509.5 millones de pesos.
Sin embargo, inaugurando la política de echar la culpa de todos los males existentes a esa administración, el reporte señala que el monto total de las obligaciones heredadas fue de 19 mil 399 millones de pesos.
Hay que señalar que de ese año, la nueva administración sólo fue responsable del ejercicio de los recursos en el último trimestre, nada más.
La cifra deriva de un desglose de conceptos que las normas contables no consideran estrictamente pasivos del Ejecutivo, pues incluye adeudos de dependencias que si bien son parte de ese poder, se manejan separadamente: la Secretaría de Salud, de la SEGE, del Hospital Central e instituciones de educación media superior. No, no se incluía a la Dirección General de Pensiones.
Aplicando la máxima de hacer justicia sólo en los bueyes del compadre, el gobierno gallardista no se ha aplicado a sí mismo tanta rigurosidad a la hora de desglosar lo que debe realmente, por más que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presuma de transparencia financiera.
Volviendo al reporte de la cuenta pública de 2021, este documento tiene una sección de notas de los estados financieros, en los que profundiza en las situaciones que reflejan los números.
Además del desglose del total de pasivos originados en el sexenio carrerista, aparece también una nota ominosa: la existencia de un litigio fiscal ante el SAT por pago de ISR no reportado. Con fecha de 2016, el saldo en juego era de 926.7 millones de pesos. La importancia de este punto se verá más adelante.
En 2022, el monto de los pasivos estatales presentó una situación inédita y que no se ha vuelto a repetir: disminuyó.
Ese año se registraron 11 mil 439.6 millones de pesos, 495.3 millones menos que el año anterior, una baja de 4.7 por ciento.
Todavía bajo la dirección de González Martínez, la Secretaría de Finanzas no hizo ni más comentario en la sección de notas a los estados financieros. El monto del pleito fiscal se mantuvo en los 926.7 millones de pesos.
Tampoco volvió a presentar un desglose de los otros adeudos que pudiera tener la administración. Y no lo ha vuelto a hacer. Quizá porque los montos pudieran generarle una situación incómoda al gobierno del PVEM.
La disminución de los pasivos de 2022 se fue al diablo al año siguiente, pues se registraron pasivos por 14 mil 282.9 millones de pesos, dos mil 843.3 millones de pesos menos. Entre un año y otro, las obligaciones financieras estatales crecieron una cuarta parte.
¿Qué pasó? El reporte, que ya aparece firmado por Omar Valadez, da una extraña explicación: el monto de la deuda “refleja un incremento con el año anterior, debido a compromisos financieros que han quedado ejercidos pero no pagados, los cuales están destinados a cubrir los costos asociados con programas, acciones y obras de infraestructura programados para ser liberados de acuerdo a su avance físico”.
Defiende la decisión dándole el carácter de “estratégica” pues permitìa “asegurar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las obras de infraestructura pública planificadas para el próximo ejercicio”.
El alza del endeudamiento, lejos de ser nocivo, indica el reporte, “refleja un compromiso con una gestión financiera responsable y una visión a largo plazo para el crecimiento sostenible de nuestro estado”.
La descripción de la estrategia no parece ser otra que endeudarse con proveedores y contratistas, una estrategia que no tiene nada de estratégica debido a que todas las administraciones públicas lo hacen.
Con respecto al litigio fiscal, hay movimiento, pues el SAT reclama ya mil 160.5 millones de pesos.
El tema de la obra se olvida en el informe de la cuenta pública de 2024, cuando se dio el turno de dirigir a Finanzas a la actual titular, Ariana García.
Con ella, el argumento de la vinculación del alza del endeudamiento con el financiamiento de obras y acciones queda rebasado y ya no se alude a él.
El año pasado, el endeudamiento estatal alcanza su pico más alto, con 14 mil 996.5 millones de pesos a cuenta del estado. Es un incremento de 713.6 millones de pesos, casi un cinco por ciento más que en 2023.
El reporte de Finanzas no hace gestos y reconoce el incremento, señalando que el rubro de pasivo circulante generó el alza debido a “la resolución de un litigio fiscal heredado de la administración saliente. dicho litigio se originó a partir de un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2016.”.
Así es, el estado perdió el litigio, con lo que está obligado a pagar al SAT los mil 160.5 millones de pesos en impuestos, actualizaciones y recargos. “Esta obligación ha sido reconocida en nuestros estados financieros, impactando de manera significativa el monto total de nuestros pasivos”, consigna el reporte.
La situación puede darle la razón a este gobierno de culpar al pasado de sus desdichas, pero no queda claro si el gobierno gallardista defendió bien o mal el pleito ante el SAT. De haber aceptado pagarlo en 2021, se hubiera ahorrado poco más de 230 millones de pesos, pero optó por seguir combatiendo la resolución.
El endeudamiento es un arma de doble filo para los gobiernos. Bien utilizado, sirve para detonar el desarrollo si se invierte. Pero se convierte en un gasto si no hay una estrategia y se adquiere para tapar hoyos financieros. Y eso es lo que parece hacer esta administración.
