La cuarta parte

Fue a mediados de enero cuando la Secretaría Técnica del Gabinete, a cargo del tamaulipeco Miguel Cavazos Guerrero, convocó a tres representantes por dependencia a una sesión en Palacio de Gobierno.

La columna De Todos de este medio consignó sobre ella que se había discutido el tema de recabar información personal y electoral de los beneficiarios de las Redes de Gestión Ciudadana, “para cuando llegue el momento de pedir el voto a la gente”.

No fue el único tema que se tocó. La presentación en Power Point que se reveló a los asistentes de la reunión contenía otros temas.

Entre ellos, la planeación del cierre del Plan Anual de Trabajo 2024, previsto para el 15 de enero y la apertura del de 2025, que inició el pasado viernes 31.

También se presentó el cronograma del proceso para elaborar el cuarto informe de gobierno, que iniciará el dos de mayo próximo, con la recopilación de documentos sobre “las principales actividades del Ejecutivo, plasmando una narrativa descriptiva de la ejecución e obras y acciones mencionando los principales proyectos del Ejecutivo” y de fotos. Muchas fotos.

Además se anunció una reorganización del portal web oficial.

Sobre la ilegal estructura impulsada desde el gobierno estatal para captar votos para el PVEM, se describía el propósito de las Redes de Gestión Ciudadana (RGC, ¿captan la idea?) como el de “fomentar la cohesión social y la participación ciudadana en las áreas recreativas de las colonias y/o comunidades, creando espacios inclusivos, seguros, con actividades que ayuden a generar un desarrollo integral de estos núcleos organizacionales”.   

Las actividades se realizarían, dice el documento, a través de las juntas de mejoras, con lo que se comprende por qué la intensidad con las que se disputaron dichos organismos la alcaldía y el gallardismo.

Pero la “carnita” del documento está en la página 3, que habla sobre los compromisos de obras y acciones anunciados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Siendo una instancia oficial, usa como insumos de información los informes de gobierno, pero también cita como fuentes las redes sociales 

y publicaciones.

En un párrafo confirma la amplitud del abanico de fuentes: “avances de los anuncios de obra o acción, hecho por el titular del Ejecutivo, ya sea en un evento, en alguna entrevista a los medios o a través de sus redes sociales o en la página oficial del Gobierno del Estado”.

Es oficial entonces, las ocurrencias del Ejecutivo tienen carácter de compromiso gubernamental.

Además, hace un concentrado de 681 compromisos realizados por el mandatario desde que asumió funciones hasta el 15 de enero de este año.

La mayoría, desde luego, estarían solventados, según el documento: 349, es decir, 51.2 por ciento, aunque no es un “score” extraordinario.

Otros 94 estarían en proceso de cumplirse, con actividades relacionadas ejecutándose. En etapas iniciales, de gestión de trámites previos, se contabilizan 73.

Cerrados o encarrilados, la Secretaría Técnica del Gabinete cuenta 516 compromisos, el 75% del total.

¿Y la otra cuarta parte? Resulta interesante que al interior de una administración que se presume poderosa y omnipotente, se reconozca que se ha incumplido uno de cada cuatro promesas realizadas.

Así se expone en el concentrado. 131 compromisos sin iniciar, los cuales o no se han atendidos o no se ha realizado alguna actividad. Se trata del 19.2% del total.

También se muestra que en el 2.8 de los casos, 19 de las promesas, no existe viabilidad para cumplirlas, pues presentan “alguna problemática que se pudiera buscar opción (sic)”.

Y de plano, en 15 casos, el 2.2 por ciento de los casos, la promesa se canceló porque, de plano, no existen opciones.

Sería muy interesante cuales son esas 165 promesas que, en el mejor de los casos, tardarán en cumplirse o, de plano, ya fueron descartadas. 

Fiasco 

Entre algunos de los topes que se ha dado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona este inicio del año, destaca el corto arco de la Universidad Rosario Castellanos asentada en los planteles de la Escuela Secundaria Técnica número 1 y la Escuela Primaria Tipo 21 de Agosto, que podría ser considerado el patrón que ha seguido esta administración en varios de sus proyectos: improvisar obras y proyectos, no tomar en cuenta a la población que podría ser afectada y afrontar una tormenta pública. Quizá la única diferencia radique en que en esta ocasión, ha tenido que recular.

Inició el 9 de enero, con una declaración del mandatario estatal en una conferencia de prensa en la que anunciaba que el primer plantel de la institución, fuera de la CDMX, estaría en el estado. Ya adelantaba dónde sería la sede: el Centro de Alto Rendimiento, el antiguo Plan de San Luis, serían las instalaciones deportivas, y los planteles serían los que están enfrente: la ETI y la Tipo 21.

Luego surgieron el dato del inicio de su primer curso, el 25 de agosto de este año.

La tormenta inició el día 20, cuando alumnos, padres de familia y maestros bloquearon por varias horas la calle Mariano Jiménez, rechazando la idea.

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, confirmó la información, señaló que sería inamovible y anunció mesas de diálogo para enterar a las comunidades estudiantiles para informar a qué escuelas deberían reacomodar a sus hijos.

Es claro que subestimó el enojo porque se topó con pared y las protestas siguieron los siguientes dos días.

En el inter, el gobierno estatal defendió la postura, e incluso recurrió a la usual estrategia de sugerir que la inconformidad era artificial, impulsada por intereses contrarios. Obviamente, sin pruebas.

El 23 de enero se concretó la derrota, anunciando la SEGE que las escuelas salvarían sus planteles y que se buscaría otra sede para la URC, que por cierto, no ha sido encontrada.

Para conocer cómo se fundamentó la propuesta de sacrificar la primaria y la secundaria en aras de la universidad federal, se realizaron solicitudes de información a la Secretaría de Educación Pública y a la SEGE, de cualquier documento generado en el proceso de selección de esos inmuebles para cederlos a la URC. Alerta de spoiler: no existen.

La SEP, de plano, se deslindó del asunto, declarándose incompetente por no tener facultades para conocer la información, por lo que remitió a la SEGE potosina como posible fuente informativa.

La solicitud a la dependencia potosina se presentó a la Plataforma Nacional de Transparencia el 23 de enero, el mismo día en que se anunció el desistimiento del gobierno estatal.

La respuesta de la Dirección de Educación Básica de la SEGE, llegó 4 días después y confirma que no existe documental porque “aún no se toma una disposición oficial” y, por tanto “no se cuenta con documentos derivados del proceso de decisión relacionadas” con ambos planteles.

Entonces ¿todo el conflicto en torno a la desaparición de dos escuelas se generó por una ocurrencia? La SEGE confirma que así fue.