La oscuridad al final del túnel

No es descabellado proponer que el contrato con el que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rentó un enorme terreno a una empresa privada va a marcar, para mal, la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra.

El hecho de que ahora, el Consejo Directivo Universitario le encontró múltiples deficiencias y cláusulas lesivas a la Universidad a un negocio que en su tiempo fue aprobado con elogios por los integrantes de ese mismo cuerpo colegiado, es una de las manchas más oscuras que ha cosechado la Máxima Casa de Estudios del estado.

Es incomprensible cómo la que se considera la reserva de conocimiento más grande de la entidad, a cargo de abogados, economistas y contadores, que han estado en cargos públicos tan importantes como las magistraturas judiciales, las fiscalías generales y otras de igual relevancia, no haya detectado las anomalías, deficiencias e inequidades de un contrato leonino, acomodado a modo de la empresa arrendadora, que está diseñado para dificultar su rescisión y, en caso de litigio, le cierra la puerta para una salida indemne.

Sobre todo porque hubo tiempo para darse cuenta de que se estaban metiendo en un callejón sin salida.

La entrega de este día que publica hoy Editora Mival como parte de la serie dedicada al análisis de diversos aspectos generador por el arrendamiento de un predio a la empresa Distribuidora VEM SA de CV expone que desde el mismo contrato, firmado en abril de 2024, el establecimiento de grandes comercios en el proyecto promovido en el espacio universitario ya era una idea inherente al proyecto.

Pero al parecer, nadie se percató de que en el croquis aparecían una agencia de carros premium, una franquicia de comida rápida y hasta un salón de fiestas.

Tampoco a nadie se le ocurrió que un componente clave en todo contrato, sobre todo los que implican cantidades millonarias, como lo es una cláusula de rescisión, no aparecía en ningún lado. Que ocho meses después de firmada el contrato, la abogada general universitaria informe que la única salida, por la vía de la terminación anticipada, debía contar con la aprobación de las dos partes es una burla.      

La incompetencia profesional que ha mostrado en este caso la cúpula universitaria: el rector, la oficina de Abogacía General y los integrantes de la Comisión de Hacienda, es inocultable.

Otra posibilidad, aún más terrible, impactaría de lleno en una institución que es vista como la gran reserva moral de la vida pública potosina: que en esta danza de millones de pesos, alguien se haya beneficiado.     

Quizá por eso, sutilmente, las partes involucradas buscan escapar del alcance del ventilador de desechos que encendió el asunto de la renta de ese predio.   

El acta de la sesión del CDU del 13 de diciembre, en donde se dio luz verde a la rescisión, está salpicada de los intentos de evadir la responsabilidad.

Aparece Germán Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho e integrante de la Comisión de Hacienda de la UASLP, defendiendo la presentación del contrato hecha por el rector en noviembre de 2023 que involucraba un bien “que no ha sido utilizado para beneficio patrimonial de la Universidad”.

La medida, indicó, “convenía y era recomendable pensar en obtener institucionalmente un beneficio para la Universidad”. 

Pero al hablar de los asegunes del contrato, recordó señaló que la oficina del Abogado General, a cargo entonces de Joel González de Anda, era la responsables de elaborar y formalizar el documento.

Pedroza Gaitán deslindó de responsabilidad a su comisión, la de Hacienda, que avaló la decisión de proponer la firma del contrato al señalar que sus integrantes fueron “muy puntuales” en insistir en que “en todo momento deberían de cuidarse los intereses de la Universidad; que debería de cuidarse el destino que se le diera al arrendamiento: y que debería de cuidarse la imagen institucional de nuestra Alma Mater”. El académico enfatizó: “así consta en actas”. 

Hubo también quién, en medio de la tormenta, no quitaba la vista del dinero.  

En el acta de la sesión de noviembre de 2023, cuando se sometió a votación del pleno del CDU, aprobada por absoluta unanimidad, no faltaron los consejeros que ya empezaron a hacer cuentas con el dinero futuro, imitando a la lechera del mítico cuento. 

Miroslava González, presidenta de la Federación Universitaria Potosina, fue una de las que más activamente preguntó sobre el destino del dinero y como se traducía en becas para el alumnado.  

Después de un poco más de un año, en la sesión en la que se votó la reversa a la decisión original, la misma consejera preguntó cómo se resarcirían los beneficios que ofrecía el contrato y que se perderían si se logra su anulación 

El rector Zermeño Guerra respondió, quizá con demasiado otimismo que si se logra la rescisión o la terminación anticipada, la UASLP estaría en condiciones de ofrecer el terreno de nueva cuenta, bajo condiciones benéficas, en donde haya ingresos sin poner en riesgo la propiedad del terreno.

Si saliera indemne de este episodio, ojalá que en ese segundo intento, lo hagan mejor. 

ESCAPISMO DE MANUAL

En la semana que termina se desarrolló un episodio más de cómo esta administración genera un problema, alega que no tiene ninguna relación con él, usando la cantaleta de los aborrecidos antecesores, y luego hace como que lo resuelve.

Médicos jubilados del Hospital Central Ignacio Morones Prieto detonaron varias protestas luego de que dejaran de recibir sus pagos de los dos primeros meses de este año.

A través de comunicados de prensa, primero, y luego con protestas en la calle y ante dependencias públicas, reclamaron que la Secretaría de Salud estatal, y la propia administración de Ricardo Gallardo Cardona, interrumpieron los pagos, con el único argumento de que la falta de recursos financieros.

Ante la presión, el propio gobernador Gallardo Cardona apareció con los argumentos de cajón: el problema no lo generó él, sino que se creó debido a omisiones de la pasada administración, que no dejó un fondo de pensiones para los médicos jubilados; y que la solución tampoco era su responsabilidad, sino de la Federación, debido a la transferencia del HC a la esfera del sistema IMSS-Bienestar.   

De hecho, la primera estrategia de su gobierno para solucionar este problema era gestionar que el sistema federal reconociera la obligación del pago.

Al señalamiento oficial le siguió una campaña negra en medios de comunicación contra el movimiento médico, ligándolo a grupos políticos partidistas opositores, en un intento de desvirtuarlo. 

Ambas estrategias, sin embargo, chocaron con un hecho evidente: la obligación de los pagos nunca estuvo fuera de la esfera del gobierno estatal. Normativamente le correspondía a la administración de Gallardo Cardona.

Lo anterior quedó establecido en el primer convenio modificatorio al convenio de coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social, que celebran la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el Estado de San Luis Potosí.

Entre las declaraciones del instrumento de larguísimo nombre está la III.2, que establece que “los recursos humanos, financieros y materiales, así como los inmuebles, objeto del presente instrumento y del convenio principal se encuentran al corriente de sus obligaciones, así como libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza, por lo que se encuentra en aptitud jurídica y material para realizar los procesos de entrega y recepción de los mencionados recursos en términos del presente. En consecuencia, en ningún caso el IMSS-Bienestar  asumirá el cumplimiento de obligaciones que el gobierno del estado haya adquirido previo a la celebración de los citados instrumentos”.

Y es que, sí, había obligaciones previas adquiridas por el gobierno estatal, con sendos convenios firmados en 2001 y en 2009 en los que asumen la responsabilida del pago de las pensiones.

El asunto, por fortuna, llegó a la mesa de negociaciones de las cuales, salió un acuerdo de negociación para buscar la reanudación de los pagos.

No puede hablarse de una salida exitosa para los médicos porque lo de los pagos es una promesa y no una realidad concreta. Pero el asunto es una muestra de que el gobierno estatal no abandona la táctica de eludir los problemas, achacándolos al pasado.