Línea oculta

A todas luces, el objetivo de la estrategia del acordeón en la elección extraordinaria para conformar el nuevo Poder Judicial del Estado se cumplió con creces. Los quince nombres, ocho mujeres y siete hombres, que aparecieron en el documento “de apoyo” para votar a las magistradas y a los magistrados que integrará el próximo Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que empezó a circular en redes sociales en víspera de la jornada electoral, fueron los mejor posicionados.

Tampoco es secreto que los comicios quedaron manchados por dos factores: la escasa participación ciudadana, tasada por el Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí en un abstencionismo del 83.5 de los electores registrados en la Lista Nominal del INE; y la grosera manipulación de la mayor parte de los votantes para lograr el resultado ya visto.

Y esto es inocultable. Apenas este fin de semana, al dar a conocer el cómputo estatal final, el vocal Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, soltó el regaño por la evidencia de prácticas indebidas en el proceso, como promoción, los acordeones, carruseles, “boletas planchadas”, elementos que, según el funcionario electoral, “indican que hubo intervención de fuerzas políticas”. 

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Producto de la 4T, la elección judicial era prioridad del gobierno federal y de Morena, pero también de sus aliados, aquí, el PVEM y la administración de Ricardo Gallardo Cardona.

El PAN y el PRI en el estado fueron opositores al ejercicio, pero, carentes de estructura e incapaces de realizar una movilización, pero sobre todo, más interesados en autodestruirse, sólo fueron capaces de descalificar la elección y llamar al boicot.

Así que la lista de manipuladores se centró en Morena, el Verde y sus respectivas autoridades.

Y luego surgieron los acordeones. La sorprendente complejidad de la boleta electoral y el hecho de que prácticamente todos los candidatos eran desconocidos para el votante, enfrentaron al elector a una misión imposible: recordar por quién votar, pues hubo 104 cargos en juego, 87 locales y 17 federales.

La necesidad de un apoyo mnemotécnico fue convertida en una herramienta de control electoral que permitía la obtención de un resultado determinado.

Eso quedó en evidencia al salir a la luz las primeras versiones del acordeón, al iniciar la segunda mitad de mayo. Estaban relacionadas con la elección de magistrados del Poder Judicial de la Federación, por lo que su origen fue atribuido a Morena.

La noche anterior a la elección empezaron a distribuirse las versiones locales, ya con las directrices para el Poder Judicial del Estado.

De estos últimos, se conocen dos modalidades, una, la que definió el resultado final, acomodando los 15 números propuestos con la lista de ganadores, que es atribuida al gobierno gallardista y al PVEM; y la otra con sólo dos propuestas en el caso de las mujeres (que quedaron en los lugares 9 y 10 del listado de resultados) y cinco en el caso de los hombres (también ocupando los puestos secundarios del listado final) que fue promovido por Morena.

El uso del acordeón en la elección judicial tuvo un efecto inesperado, y probablemente indeseado, por sus promotores: se convirtió en un elemento que permitió cierto grado de trazabilidad de la intención manipuladora del voto. 

Lo anterior no sólo hizo evidente la línea dictada desde Palacio y los cuarteles del PVEM. También reveló indicios de que, dentro de esa línea, hubo otra estrategia que dio un resultado inesperado para sus promotores. Una línea, oculta, dentro de la línea.

La meta principal de la estrategia era asegurar el asiento de los 15 favoritos en el Pleno judicial. Otra cosa fue el orden en que los colocaron los resultados.    

Nadie lo dijo, pero el sentido común era que el Ejecutivo tenía especial prioridad en varios nombres que aparecieron en el acordeón. José Luis Ruiz Contreras, fiscal nominado por el gobernador Ricardo Gallardo, excolaborador en su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era uno de ellos.

Silvia Torres Sánchez, hermana del secretario general de Gobierno J. Guadalupe, también contaba con la venia especial de Palacio.

A otros de los incluidos, se les dieron indicios de que la operación de la elección les garantizaba no sólo el cargo, sino la presidencia de ese Poder.

Y es que, el artículo 95 de la Constitución estatal, que establecía, antes de la reforma, que la presidencia del STJE se definiría en una votación de los magistrados en la sesión de Pleno cada que fuera necesario elegirla, fue cambiado de último momento, para asignar la presidencia “en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva”. Además, establecía que el cargo tendría una duración de dos años y estaría ceñido a la prelación derivada del número de votos obtenido por cada candidato.

Con una duración del cargo de 12 años, a Torres Sánchez, lugar séptimo en la tabla de votación obtenida, y Ruiz Contreras, ubicado en el lugar 15, les resulta imposible ocupar la presidencia del PJE, en caso de que esa hubiera sido la idea.

Igual pasó a quienes, entre los varones, hubieran recibido el ofrecimiento de la presidencia judicial.

Porque en el resultado final, los “favoritos” fueron barridos por Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, una secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materias Civil y Administrativa, que logró 191 mil 664 votos. 

Las características de estos comicios y el uso del acordeón presentaron un escenario peculiar: si las candidaturas predeterminadas aparecían en el “listado de apoyo” y la operación en tierra garantizaba, por lo civil o por lo criminal, su cumplimiento; en un escenario ideal las 15 propuestas deberían haber obtenido el mismo número de votos o un margen de diferencia muy pequeño entre ellas.

Sin embargo, esta circunstancia fue la excepción, no la norma, según se concluye tras desmenuzar los datos, casilla por casilla que proporcionó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). 

En una revisión de los resultados por Distrito electoral y por municipio, sólo en una localidad se dio parcialmente el escenario ideal: Tampacán. Ahí, hubo un empate entre dos candidatos en la elección masculina, y en la femenil, hubo un voto de diferencia entre la ganadora y su perseguidora inmediata.

Mientras que Villa de la Paz, se dio la única ocasión en la que tres aspirantes obtuvieron el mismo número de votos.

En la mayor parte de los casos hubo una diferencia constante entre los votos obtenidos por Zarazúa Martínez, que ganó en más de 30 municipios, y muy significativa en los municipios más grandes.

En la mayor parte de las localidades, la diferencia de votos entre las candidatas beneficiarias del acordeón con más y menos sufragios obtenidos osciló entre el 5 y el 10 por ciento. Pero en los municipios más grandes, la Capital, Soledad, Valles, Rioverde y Matehuala, esa diferencia saltó a los rangos de 20 y 30 por ciento.

Lo mismo ocurrió con Jairo Hernández Garibay, secretario en el mismo juzgado federal del que provino Zarazúa Martínez. Y como ella, beneficiario de la ventaja en la mayoría de los municipios, por márgenes semejantes.

En una de las paradojas que dejó la elección judicial, resulta que los dos obtuvieron muchos más votos que su superior, magistrado provisional del tribunal colegiado federal, que fracasó en la búsqueda de la titularidad del cargo, al obtener 14 mil 750 votos y quedar en el lugar 14.    

¿Por qué dos obscuros funcionarios del PJF tuvieron tan amplia ventaja en la elección y ella, la presidencia de uno de los tres poderes del estado? 

Por popularidad no fue. Hay un dato totalmente arbitrario y sin ninguna incidencia en el resultado de la elección, pero que resalta la contradicción de las cifras finales de la elección de magistrados estatales.

La normatividad de la campaña en esta elección constreñía a los participantes a sus cuentas en redes sociales como vehículo para promocionarse.

Lejos de las cifras que pudiera alcanzar cualquier “influencer”, pero con el mayor número de seguidores en Facebook en la lista de 15 nombres del acordeón estatal, José Luis Ruiz Contreras cuenta con cuatro mil 900 seguidores. En la elección, quedó en el décimo quinto sitio, el último. 

Silvia Torres, penúltima de la lista de las mujeres, contaba con mil 700 simpatizantes en Face.

¿Quiénes son los últimos lugares de este ranking de redes sociales? Por mucho, la próxima presidenta del STJE, que tiene 143 seguidores en su perfil, y Jairo Hernández, al que sólo siguen 43 personas en su muro.

¿A qué le deben, entonces, sus números? Los indicios apuntan a la línea dentro de la línea. Al menos, en tierra, de la movilización del voto controlado del grupo que operó: el gallardismo.

El columnista recogió un testimonio de que, al día siguiente de la elección, los miembros del círculo que controló los comicios se miraban con desconcierto por los resultados. 

Las mujeres que quedaron en segundo y tercer lugar en la lista, y a las que les tocará presidir el STJE en unos años, no eran cartas del Ejecutivo, pues sus nominaciones se atribuyen a la buena relación laboral de sus respectivos padres que tuvieron cuando fueron superiores de la fiscal estatal, Manuela García Cázares, en sus tiempos en el PJE. Hasta eso valió más que el apoyo prometido por Palacio.

¿Qué refleja esto? Que el control electoral, al menos en esta ocasión, no estuvo en el Ejecutivo. No del todo. Dentro de una estructura monolítica como la del gallardismo, es un hecho que parecía imposible.