$4 mil millones para los comuneros

El decreto publicado el 13 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación declara área natural protegida (ANP), una zona ubicada en cuatro municipios de San Luis Potosí: Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. La superficie mide 111,160-44-27.87 hectáreas (ciento once mil ciento sesenta hectáreas cuarenta y cuatro áreas y veintisiete punto ochenta y siete centiáreas). 

La comunidad de San Juan de Guadalupe, es dueña de 14,277.441972 hectáreas de tierra de uso común y 13,612.779714 hectáreas de tierra parcelada desde 1736. Se supone que la declaratoria para un área natural de Sierra de San Miguelito se centraba en estas tierras, pero no fue así. 

El antecedente técnico de base de este decreto es el Estudio Previo Justificativo para la ANP de Sierra de San Miguelito que Semarnat hizo público en enero de 2021, y argumenta la declaratoria para 109,638-95-14.39 (ciento nueve mil seiscientas treinta y ocho hectáreas, noventa y cinco áreas y catorce punto treinta y nueve centiáreas), 1522 hectáreas menos que en el decreto final.

Aparte de la comunidad de San Juan de Guadalupe, el Estudio Previo enumera otros 35 núcleos agrarios afectados con la declaratoria, nueve de ellos con más del 70 por ciento de sus tierras.

Además de la vía del amparo por la afectación a sus derechos humanos, la comunidad de San Juan de Guadalupe decidió encaminar su inconformidad por el lado de la justicia administrativa, demandar la nulidad del decreto de la declaratoria y exigir la reparación económica del daño, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Sala Especializada en Materia Ambiental, es decir, con argumentos que son absolutamente técnicos, precisos y concretos.

Los demandados son: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y el titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón.

IMPONER, NO DIALOGAR

La comunidad de San Juan de Guadalupe estuvo en ánimo de construir para el área natural, con la cesión de más de once mil hectáreas, a fin de reservar más de mil 800 para el interés de los comuneros. Su buena fe fue avalada al principio por la Comisión Nacional de áreas Protegidas (Conanp), pero luego ésta se desdijo y cerró la posibilidad. 

Las autoridades de la comunidad señalan en la demanda que el núcleo agrario lo integran 328 comuneros (ejidatarios en su caso) reconocidos. El 29 de enero del año 2021 se enteraron de la intención de afectar sus tierras con la publicación del Estudio Previo Justificativo para declarar a la zona conocida Sierra de San Miguelito, como Área Nacional Protegida. 

El 01 de julio del 2021 se convocó a los comuneros para que asistieran a la asamblea el día 11 de julio del año 2021. En el acta de asamblea la comunidad dio anuencia para la declaración del Área de protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, en una superficie de 11,807-29-55 hectáreas. Quedaron mil 805-48-42 hectáreas excluidas del área nacional protegida, para proyectos de la comunidad. La propuesta era más que generosa para fines ambientales.

El 4 de junio se envió a la comunidad el oficio número 250/2021 (anexo) expedido por representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), donde en efecto se excluían del área protegida las 1805-48-42 hectáreas que requerían los comuneros

Pero meses después, gobierno federal se desdice y el 21 de noviembre del año 2021, el representante de la Conanp, biólogo Roberto Aviña Carlín emite el oficio número 217/2021 donde revoca el acuerdo expedido por la misma Conanp en junio y deja sin efecto el oficio 250/2021.

Luego, el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre del año 2021 publica el Edicto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  que establece la superficie de 109,638-95-16.12 hectáreas para el ANP como señalaba el Estudio Previo Justificativo.

Y el día lunes 13 de diciembre de 2021, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica el decreto de declaratoria.

INJUSTIFICADA Y SIN MOTIVO

El área natural protegida de la declaratoria es una descomunal superficie. Entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación (13 diciembre de 2021).

Los promoventes de este juicio de nulidad señalan de entrada que la declaratoria no está suficientemente fundamentada. El decreto cita treinta y cuatro preceptos de cinco ordenamientos legales, pero olvidó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, base para fundar la categoría de conservación de la flora, por lo que se refiere a la supuesta protección, preservación de la flora.

Tampoco tiene fundamentación jurídica el decreto en la Ley de Aguas Nacionales, ni la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, a pesar de que dice proteger el derecho al agua y supuestas zonas de recarga, infiltración de agua y captación pluvial”. 

UN ROEDOR, UNA RANA Y UNA LAGARTIJA

Los comuneros cuestionan que el decreto alega la protección de 700 especies de flora y las 300 de fauna, pero no hay el razonamiento jurídico, ni se precisa la geolocalización ni georreferencia de esas especies. Cuestionan también que no hay ninguna precisión respecto de las especies amenazadas, las que tienen protección especial o las endémicas, como hace cualquier norma protectora. 

“Ad-cautelam negamos lisa y llanamente que en nuestras tierras existan particular y especialmente (circunstancias especiales), poblaciones de especies amenazadas o sujetas a protección especial”.  Para ellos, el decreto “NO geolocaliza NI georreferencia y por lo mismo jurídicamente NO motiva”, la existencia de las pocas especies de fauna que cita “(rana de Moctezuma y rata canguro) que dice sin fundar ni razonar son de protección especial NI las que asegura (sin motivar) como amenazadas (lagartija cornuda de montaña y el águila real9”.

El Estudio Previo Justificativo enlista más especies de flora y fauna a las que se supone dará protección, pero no las ubica. Dónde las vieron o cómo las midieron si es que las vieron, no se sabe.

Apuntan que es “inaplicable también la NOM – 059 – SEMARNAT – 2010” que usaron en las argumentaciones del decreto, pues esa norma ya no está vigente: según el artículo 56, párrafo segundo, de la Ley General de Vida Silvestre, “la NOM esa tiene una vigencia de tres años”, dejó de estar vigente hace nueve.

En cuanto al Estudio Previo Justificativo, éste propuso proteger 109,638-95-14.39 hectáreas, no las más de 111 mil del decreto.  El artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que antes del establecimiento de un área natural protegida, se deben realizar los estudios que lo justifiquen. Y el EPJ no justifica 111 mil hectáreas. 

NI AGUA NI PRESUPUESTO

Los demandantes también piden la anulación del decreto y declaratoria del área natural protegida, “porque hay una inmotivación jurídica de naturaleza presupuestaria”. NO existe presupuesto alguno suficientemente autorizado ni aprobado por el Poder Legislativo para destinarlo al ANP “Sierra de San Miguelito”, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022, tiene asignados $ 61’765,127.00 (sesenta y un millones, setecientos sesenta y cinco mil ciento veintisiete pesos) para la atención (programas de manejo y administración) de 42 áreas naturales de flora y fauna en todo el país. 

Para la ANP con extensión de 111,160-44-27.87 hectáreas, aplicará $ 13.22 pesos, (trece pesos veintidós centavos), por hectárea y al año.

“Es una burla y un engaño y para efectos jurídicos, hay inmotivación presupuestaria lo que torna infundado e inmotivados los actos impugnados”, señalan. 

Le añaden además que “no puede decretarse ni ser declarada ninguna superficie del territorio del país sin que parta y tenga su base en el programa de ordenamiento ecológico que es el único instrumento de planeación de la política ambiental”. No hay programa de ordenamiento.

La comunidad rebate el argumento muy frecuente de que la zona cercana al periférico, a piedemonte, es “de recarga del acuífero profundo” y por ello no debe construirse nada más. Y lo hacen con estudios en la mano. No es zona de recarga porque es roca impermeable; no lo dicen ellos, lo dicen Peñuela-Arévalo y Carrillo-Rivera (2013), y el Estudio Técnico de Factibilidad para el Establecimiento de la ANP Reserva Estatal Sierra de San Miguelito (SEGAM, 2018). 

Lo dicen también datos del Servicio Geológico Mexicano en el portal Geoinfomex: en la superficie de las 1805-48-42 hectáreas al norte de la comunidad, “las unidades estratigráficas encontradas en el Valle de San Luis Potosí indican que la superficie que nos ocupa es impermeable y eventualmente permeable en las zonas fracturadas”, hasta ahí.

Y como la justicia administrativa así lo prevé, los comuneros solicitan una reparación con indemnización económica por caso de falta grave de la autoridad: reclaman 4 mil millones de pesos pagaderos a la comunidad de San Juan de Guadalupe por parte del presidente López Obrador, la Semarnat, la titular de Semarnat, la Sedatu y el titular de Sedatu como responsables. 

La batalla legal de la comunidad va a ser larga. Si la justicia administrativa les da la razón, la indemnización sí que va a hacer historia. 

LA TIRA DE LAS NETAS 

“A MI HIJA LA MASACRARON, AL TUYO SÓLO LO EVIDENCIARON”

@lopezobrador_le dedica mucho tiempo a hablar de periodistas que lo critican. Ojalá dedicara el mismo tiempo a los líderes de cárteles, a criminales que tienes desoladas comunidades, a asesinos de periodistas, pero creo que el pecado capital es no hablar bien de él”.

Adrian LeBaron, activista y padre de Rohna LeBaron, asesinada con sus 4 hijos por crimen organizado en Sonora, en su cuenta de Twitter criticando al presidente López Obrador por su encorajinada “revelación” de los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, tras exihibir éste el nada austero estilo de vida del hijo mayor del presidente en EU.  @AdrianLebaron (7/II).

REGRESIÓN ELÉCTRICA

Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”.

Ken Salazar, embajador de los EU, cuestionando en un comunicado la “reforma eléctrica” que busca imponer el presidente López Obrador. Reforma (9/II).