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Apócrifos e impunes

Por Adriana Ochoa

Agosto 22, 2021 03:00 a.m.

En noviembre de 2018, personal del Centro de Distribución de Medicamentos del Hospital Central (Cendis) descubrió que la preparación de Cardioxane (dexrazoxano), un cardioprotector que se administra en tratamiento del cáncer, adquiría un color morado inusual. Apartaron todo el medicamento recibido del proveedor y pidieron la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Los enviados de la Coepris verificaron la documentación legal y técnica que amparaba la compra de ese fármaco y sacaron una ruta del producto existente en ese momento en el Hospital Central, desde su recepción, conservación, almacenamiento y distribución interna.

El Cardioxane adquirido era un producto liofilizado para solución inyectable de 500 mg, fabricado por laboratorio Asofarma y se procedió a asegurarlo de manera precautoria para su valoración detallada porque exhibía irregularidades en presentación y contenido. 

El medicamento se compró y se recibió de proveedor en un almacén general de la institución y éste sólo lo suministró al Cendis de Oncología por su uso específico en tratamiento de cáncer, pues es un cardioprotector contra efectos colaterales del medicamento oncológico. De ocho lotes, las irregularidades estaban en dos y consistían básicamente en empaque secundario en mal estado, sellos de seguridad de empaques violados, abolladuras en el arillo de protección y etiquetas desfasadas y mal adheridas.

Al momento de combinar el producto liofilizado con la solución fisiológica se producía coloración morada porque el contenido estaba adulterado. La solución original cuando se mezcla debe ser transparente. Aseguraron de manera precautoria 35 piezas de distintos lotes, se les colocaron sellos, se les enfajilló y todo quedó a resguardo de la Farmacia interna del hospital.

El propio hospital informó que los lotes fueron adquiridos a un solo proveedor, Proveedora y Distribuidora de Medicamentos GAAT, S.A. de C.V. La compra se había hecho entre los meses de octubre y noviembre de ese año y se extendieron tres facturas.

La Coepris objetó que las facturas no correspondían con el domicilio del establecimiento, manifestado en San Luis Potosí, cuando el domicilio del almacén de depósito y distribución estaba en Soledad. 

Se hizo un citatorio al laboratorio fabricante y se entregaron a su representante unas muestras del lote asegurado para que realizara los exámenes de laboratorio para confirmar la autenticidad de su producto. Resultado de esos análisis, Asofarma notificó a Coepris que la comparación de envases y los análisis del contenido permitían concluir “que los productos fueron adulterados reutilizando ya sea total o parcialmente los materiales originales e introduciéndolos a la cadena de comercialización”.

Por el incidente de los domicilios de las facturas, se le ordenó al Hospital Central no hacer adquisiciones con el proveedor y hacer la trazabilidad de los dos lotes adulterados dentro del Hospital.  Sucede que hay un gran trasmano de los medicamentos entre las empresas, así que se ordenó indagar con precisión a los posibles responsables. 

También se pidió un informe de los pacientes a los que se pudiera haber afectado. La Coepris presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues la regulación del medicamento controlado es federal. 

NO ES EL ÚNICO

Este no es el único caso detectado de provisión de medicamentos falsos o adulterados en el Hospital Central. Ha habido más. En agosto de 2018 requirió a Coepris porque no le cuadraban datos, presentaciones y envases del medicamento Mabthera. En presentaciones de 100 mg/10 ml y 500 mg/50 ml. 

El fármaco Mabthera (Rituximab) se adquirió para el tratamiento de linfomas, leucemias y artritis reumatoide. La experiencia en el manejo de este medicamento los hizo dudar de la autenticidad cuando notaron defectos en el sellado del empaque, diferencias en las tapas de seguridad entre los lotes (letras con leyendas “FLIP OFF” que no se encontraban en producto original), variaciones en el espesor del tapón y sellos de seguridad entre lotes, falta de de instructivos de uso con respecto al original y presencia de particular extrañas, en un frasco del producto.

Las compras de este fármaco se hicieron con cuatro proveedores, de los cuales la institución no tenía expedientes sanitarios, observó Coepris. Se requirió al laboratorio fabricante, Roche, para una revisión del producto asegurado. Roche solicitó se le autorizara llevarse muestras para su análisis, seis piezas, las cuales “serían enviadas a Suiza”.

Los laboratorios de la farmacéutica en Suiza confirmaron la adulteración del producto, lo que constituye un delito. La Ley General de Salud establece la aplicación de “una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”, para quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones debidas.

Las adulteraciones y falsificaciones del envase tampoco son cosa menor: ameritan de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente. Y de uno a nueve años de cárcel para quienes transporten, ofrezcan o distribuyan medicamentos falsos o adulterados.

Igual que otros casos, Coepris presentó denuncia federal. La parte que tiene que ver con los daños económicos le corresponde al comprador afectado, en este caso el Central.

GRAN DAÑO, SIN CASTIGO

El alto costo de los medicamentos oncológicos los han convertido desde hace algunos años en botín codiciado para robos, fraudes y falsificaciones. El ISSSTE aquí tuvo hace algunos años una serie de robos-hormiga sistemáticos de este tipo de productos directo de su farmacia en la clínica Hiriart de Salvador Nava. 

Si a esto se le suma la escasez pronunciada por el todavía inviable nuevo sistema de compras consolidadas del gobierno federal, el caldo de cultivo empeora. El caso del medicamento oncológico para cáncer de seno (Trastuzumab) que la Cofepris detectó y ubicó en el Hospital Central y en el IMSS también generó revisiones de las autoridades sanitarias. El laboratorio fabricante se lleva muestras y la confirmación quedó pendiente para generar la correspondiente denuncia.

En los otros dos casos referidos, las versiones de cómo terminaron no son nada halagüeñas para el combate a los delitos con medicamentos: la Fiscalía federal rebotó uno a la Fiscalía local, supuestamente empantanado como muchos otros asuntos que tiene pendientes, y en el de adulteración la cadena de distribución y comercialización le resultó tan compleja a la FGR, que no supo por dónde encaminarse y dictó el no ejercicio.

En estos casos se trata de medicamentos oncológicos que requieren aplicación especializada y asistida, es en ese punto donde el personal del Hospital Central se ha dado cuenta que algo no andaba bien con los productos desde su envasado hasta la reacción al prepararlos. Eso disminuye el posible daño a personas enfermas que esperan un tratamiento adecuado para salir adelante del cáncer. 

Pero la Cofepris ha detectado también varios casos con fármacos para tratar otras enfermedades, recién con la venta de vacunas y Redemsivir para tratar la covid-19. De poco servirá detectarlos, confirmarlos y canalizarlos a acción penal si los responsables de este tipo de crímenes no tienen el castigo que la ley prevé. 

 

ROLLOS SUELTOS 

BIEN PLANTADA. La diputada federal panista Josefina Salazar Báez, entre las legisladoras que consiguieron atorar el periodo extraordinario de sesiones que pretendía conseguir Morena para estructurar el reglamento de la revocación de mandato que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

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¿DISPAREJO? Mientras la alcaldesa reelecta de Villa de Reyes, Erika Briones, sí consiguió que atendieran su exigencia de justicia por agresión en su contra en la campaña, no corrió la misma suerte la ex candidata del PRI, Abigail Hernández, a quien balearon a bordo de una camioneta propiedad de gobierno federal en la que se trasladaba. El vehículo fue puesto a su disposición precisamente porque solicitó protección; si no ha sido por el blindaje, quién sabe cómo le hubiera ido. La denuncia se presentó ante la Fiscalía federal porque la camioneta es propiedad de la Federación y hubo daños, pero no se supo nada más. 

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ESTACIONAMIENTO GIGANTE. Así se verá la ciudad si hay regreso a clase presencial. Váyanse acostumbrando a lo que será el tráfico que no vivimos desde hace más de año y medio. 


LA TIRA DE LAS NETAS 

LA CATÁSTROFE AFGANA

Yo jugaba al baloncesto con total libertad, mi marido también, estudié Derecho… Todo eso se ha ido a la basura. Son veinte años de retroceso de golpe”.



Nilofar Bayat, capitana de la selección afgana de baloncesto, refugiada en España tras el retiro de las fuerzas de los Estados Unidos y el arribo rápido de los talibanes al poder. EP (21/VIII).

UN CANÍBAL CONTRA EL MAL DEL LADRILLO

Cuando empiezas a creértelo ya no vales para nada. Porque nadie es importante. Todo se reduce a hacer lo que puedas con el poco o mucho talento que te ha caído en suerte, a tratar de pasarlo bien en la medida de lo posible, sin creerte mejor que los demás”.



Anthony Hopkins, el dos veces oscarizado actor galés y caballero de la Gran Bretaña, en entrevista pasados treinta años del thriller “El silencio de los inocentes” y su insuperable papel del caníbal y asesino en serie Hannibal Lecter. XL Semanal (14/VIII).