El candidato ineludible
AP.
Quien no lo quiera ver y tenga aspiraciones en el mismo sentido que el ex alcalde de Soledad, puede estar cometiendo un grave error de cálculo. El rechazo de los morenistas locales obligó a la dirigencia nacional a retirar la alianza con el Verde en San Luis Potosí, pero a partir de ello, ha tomado decisiones de una certeza a muy corto plazo, justo el que le marca el siguiente tropiezo para improvisar otra ruta, sin apartarse del todo de su ex socio Ricardo Gallardo.
El mismo diputado federal con licencia, en entrevista con Pulso, dijo sin ambages, y en todo alto, que tiene facturas por cobrar, que se la deben. Del lado de Morena nadie retobó.
El partido del presidente se enfrascó en un proceso interno abierto a hombres y mujeres, que después torció a una candidatura de género y, sin cerrar la convocatoria anterior, encaramó una ampliación de término para que se registraran solo mujeres. Forma es fondo, decían los priistas: a los desdeñados varones de la primera etapa, ni una cartita de agradecimiento por participar les envió Mario Delgado.
Inconformes de la primera etapa presentaron recursos de inconformidad, en los tribunales local y federal. Hay miga para que no se les deseche, al menos por la falta de un cierre formal a esa primera convocatoria. No es improbable que la judicialización del proceso acabe por derrumbar la participación de las mujeres que se registraron ya con la convocatoria específica a una candidatura de género.
Sin los extravíos en las texturas del discurso de género, lo real es que esa decisión de candidatura para mujeres fue improvisada, con un margen muy corto. En la Ciudad de México se hablaba de ella desde finales de noviembre como la “solución” de Mario Delgado para no faltar a su compromiso con su amigo, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona. El juego infame y nada novedoso de nuestros partidos para pasar por “equitativos” en las oportunidades políticas: postular cuando conviene, o cuando se hace “necesario”, a una candidata mujer “sacrificable”, que no resulte competencia real, en este caso al abanderado y dueño en San Luis del Partido Verde.
Ha tenido la convocatoria de Morena una gran respuesta de aspirantes mujeres. Ya la revista Nexos documentaba en un análisis de Amalia Pulido Gómez, publicado en diciembre, que en San Luis Potosí el proceso de Morena para conseguir definir candidatura a gobernador era el más concurrido de los 15 estados donde habrá elección para este cargo. No se han puesto a dudar si la palabra, y los actos, de don Mario Delgado son serios y auténticos o no, o si la sombra alargada de Gallardo Cardona sobre Morena no tiene algo que ver con ese proceso. No consideran posible si ellas son parte de la factura que el político reclama con mucha seguridad.
En los terrenos del otro gran competidor, el PAN, confían en que la derrota por la alcaldía capitalina hace tres años y las denuncias penales interpuestas, por instancias federales y el Ayuntamiento, reducirán a Gallardo. Octavio Pedroza hasta asegura que no sabe de qué acusa el Ayuntamiento a Gallardo padre.
Ni la poderosa Subprocuraduría Fiscal Federal de la SHCP ha podido hacer que los tribunales entren al fondo de las imputaciones que le hace al jefe Verde. Ni siquiera que le concedieran procedencia porque le faltaba “calidad de víctima” y peregrinó con su reclamo del Juzgado Cuarto del Unitario y viceversa porque se lo rebotaban de una a otra mesa.
El once de marzo del año pasado, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, en la audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público, declaró el no ejercicio de la acción penal.
El siete de julio, el magistrado del Tribunal Unitario del Noveno Circuito, recibió la demanda y le dio trámite, sólo para declarar inoperantes los argumentos de la recurrente, nada menos que la Secretaría de Hacienda, y el Tribunal dictaminó por unanimidad que el juicio era improcedente, “porque la mencionada persona moral oficial quejosa no acude al juicio penal en defensa de una afectación en su patrimonio ocurrida en una relación en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, sino al amparo de sus funciones públicas”. Es decir, la SHCP no tenía “calidad de víctima”.
Los juzgadores consideraron que la Secretaría de Hacienda no fue afectada por los actos del demandado en el cobro de contribuciones, que es su función. Quizá lo adecuado, bajo este criterio, es que reclamara el Ayuntamiento de Soledad. Ratifica incluso el criterio de que la SHCP “carece de legitimación para instar dicho juicio de derechos fundamentales, porque al comparecer esa Secretaría ante la representación social y causa penal, a través del director de Investigaciones adscrito a la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, no actuó como gobernado”, sino como entidad facultada para juicios por delitos en materia de contribuciones.
El criterio para no reconocer “la calidad de víctimas” de sus denunciantes ha sido el mismo que le han aplicado al Ayuntamiento en los tribunales federales del Noveno Circuito para amparar al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y tres de sus ex colaboradores en la pasada administración municipal capitalina. Como en serie.
Lo que sea que le depare a este incierto proceso electoral, el señor Gallardo no va a ser un adversario ligero de llevar.
UN PLEITO DE MUCHOS TERAS
No es la primera vez que el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología se ve tocado por el tema de manejos administrativos indebidos. Los escobazos se hicieron necesarios, pero no escapa de los tribunales. Y de nuevo tiene que ver con el Centro Nacional de Supercómputo.
Hace seis años, el Ipicyt, o más bien su entonces director y otros personajes del área de alta informática, dieron pasto a cuestionamientos por la “licitación” a medida de los equipos, asesoría y desarrollo de “Habilidades digitales para todos”, un programa que, se supone, tendría a los niños potosinos de nivel básico con una flamante laptop por herramienta y conectados a una estupenda red de internet.
Con un manto de protección y opacidad que se extendía desde Montañas Rocallosas, el contrato se lo dieron a una empresa armada por un nebuloso personaje sudamericano, quien ni por el tamaño de la operación dio alguna vez la cara. Un proveedor local demandó por lo chueco del concurso y les ganó una y otra vez en tribunales, hasta última instancia, pero ni por eso lo transparentaron un poco ni aceptaron su falla. El Ipicyt fue subcontratado para hacer ese memorable remedo de licitación.
Del fantasioso programa aquel que prometía casi una lap por niño y conectividad de nivel noruego hasta en las escuelas rurales, no se volvió a saber nada (ni en propaganda siquiera), pero comprometió más de 400 millones de pesos. A las peticiones de información pública respondían con la clásica de baterías de “links” que no enlazaban a nada, eso cuando contestaban. El secretario de Educación involucrado en ese margallate fue sustituido por Juan Manuel Carreras López, quien de ahí salió a la candidatura para gobernador. Agua pasada, los responsables se fueron de rositas, como siempre en este país.
Ahora el asunto es la demanda de una empresa que presta servicios de desarrollo de software, procesos informáticos, así como equipos específicos para estos sistemas. La demandante afirma que desde 2015 inició una relación de tipo comercial con el Ipicyt, mediante contratos al vencimiento en 2020.
La empresa sostiene que el Ipicyt le requirió equipos y servicios para atender compromisos de un contrato con el IMSS, pues el Ipicyt “no contaba ni con los recursos, ni los conocimientos técnicos, ni el capital humano ni la infraestructura” que demandaba el IMSS. No hubo contrato de por medio entre Ipicyt y la demandante, la que se duele porque, en cambio, sí adjudicó, con licitación, a otra empresa el mismo servicio para atender al IMSS. La quejosa colige entonces que fue utilizada para cubrir las deficiencias operativas y de tecnología de la empresa beneficiada con una simulación de concurso.
La demandante le puso números a su agravio y resultan varios millones de dólares. Como mayor evidencia de su reclamo, señala que sus equipos están en las instalaciones del Ipicyt porque no ha podido recuperarlos. El biólogo Luis Antonio Salazar Olivo, director del instituto, ofrece una versión que va más allá de un litigio de tipo comercial.
Admite que los equipos de la demandante están en el Ipicyt y que ésta prestó un servicio, pero no en los términos legales que esgrime. La empresa estableció tratos con el Ipicyt años antes de que Olivo llegara a la dirección, en el marco “de un convenio general de colaboración”, una especie de acuerdo de buenas intenciones, pero no de un compromiso específico como relación comercial.
El acuerdo comercial se soporta con un convenio específico, que en este caso asegura que no existe, y tiene como obligado antecedente un estudio de mercado, que no hubo. Asegura que es intención del Ipicyt llegar a un acuerdo con su demandante, pero no en los términos de ésta, particularmente respecto de los costos que la compañía reclama por sus equipos.
Cuando la situación con la empresa se volvió ríspida, asomó la escoba para los funcionarios que tejieron los tratos con ella, señalados como responsables de que un arreglo considerado informal y ambiguo, generara una cuantiosa reclamación.
Salazar Olivo afirma que la salida de los equipos y soporte de la empresa que demandó no afectará los compromisos de servicios y soporte informáticos que el Centro de Supercómputo presta a empresas y a instituciones de gobierno y seguridad social. “El CNS es más grande que esas vicisitudes”, dice.
LA TIRA DE LAS NETAS
REGAÑO DE CASA…
“Le diría: Señor Presidente, ya párele con las mañaneras ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?”.
Elena Poniatowska, en entrevista con Edmundo Cázarez, responde a la pregunta: “Si pudiera hablar con él (el presidente AMLO), ¿que le diría o aconsejaría?”. Poniatowska dijo estar “plenamente convencida que es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras”. Índice Político (18/I).
SILENCIOS DE MIEDO Y JUSTICIA DE PAPEL
“Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz. En las normas y nociones de lo que es justo no siempre es justicia”.
Amanda Gorman, poetisa afroamericana de 22 años edad, la más joven que participa en la ceremonia de investidura de un presidente de los EU. Con su texto, “The Hill We Climb”, (“La colina que subimos”), retrató el país dividido que recibe el presidente Joe Biden y los retos para su generación. Toma de posesión (20/I).
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