Mastines feroces y caniches en tutú

En las tareas de entregas y recepciones del gobierno de Fernando Toranzo Fernández al de Juan Manuel Carreras López, el faltante de un decomiso de aguardiente ilegal fue motivo de novata consulta al secretario de Gobierno carrerista. El funcionario, un tipo pragmático, hizo sus coordenadas mentales y preguntó el precio estimado de ese alcohol, popular entre la población indígena por su bajo costo pero de infame calidad. La bebida en garrafas como la presentación “extraviada” costaba unos pesos por litro.

Resolvió entonces que aquello era una ratería mínima y en una sucesión tan sedosa como esa (2015), no iba un tema así a ponerle algo de vaho. Además, era más engorroso reportar aquello por los laberínticos e inútiles caminos de las contralorías y auditorías. Que lo conducente era ir en son de paz a donde decomisaron el aguardiente, compraran las garrafas que faltaron, las trasladaran a las oficinas en San Luis Potosí e hicieran el registro de recepción sin observación alguna. Lo que pasara con aquella compra de caja chica lo tenía sin cuidado: que si era su gusto, destruyeran el alcohol con la debida solemnidad, como logro contra los destiladores ilegales, o hicieran una fiesta adolescente con “aguas locas”.

Una de las razones por las que en este país la corrupción es tan extendida, sólida y enraizada, es que la ley y la justicia caminan por rutas no sólo diferentes, también opuestas. Desde los años ochenta a la fecha, con la “Renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid Hurtado, la administración pública se ha llenado de contralorías a todos los niveles, oficinitas de transparencia a modo, fiscalías anticorrupción amaestradas y auditorías superiores de resultados muy inferiores. De su pobre aportación en los hechos, el gobierno de López Obrador ha sacado argumento para ningunearlas y acusarlas de conchabarse con las administraciones que le antecedieron. 

Los poderes legislativos tienen la función y la obligación de vigilar y servir de contrapeso a los excesos de presidentes, gobernadores y alcaldes, según sea el caso. Su incumplimiento es aún peor, porque ha servido para extorsionar. La evidenciada “Ecuación corrupta” en San Luis Potosí, un engranaje delictuoso entre diputados locales y la Auditoría Superior del Estado para extorsionar a alcaldes, es un caso.

La corrupción se persigue de manera feroz sólo en los antecesores que no agradan, los adversarios, los enemigos o por ingente necesidad de espectáculo justiciero distractor. Las fiscalías anticorrupción son un mastín feroz con los ajenos o un caniche bailarín en tutú rosado para los propios. Si eres un adversario o no pagaste lo que debías, el derecho creativo da para fincarte cargos para prisión preventiva oficiosa, escándalo, inhabilitación y un pedestal afuera de tu casa dónde tus acusadores se suban a pontificar sobre la honestidad, la justicia y el compromiso de lucha anticorrupción.

Fernando Toranzo Fernández acusó a su antecesor panista y exjefe Marcelo de los Santos Fraga, de disposición indebida de un crédito por 1,500 millones de pesos. De los Santos ganó en definitiva en tribunales casi al final del sexenio torancista con una sentencia esclarecedora: dos terceras partes del crédito los aplicó la administración de Toranzo.

La gestión del alcalde Xavier Nava Palacios presentó once denuncias contra la gestión de su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, entre ellas el irresoluble asunto Sandra Sánchez Ruiz, una proveedora de medicamentos que a la fecha nadie ha constatado que exista, pero se llevó compras directas por más de cien millones de pesos. La empresa de la fantasmal doña Sandra era apenas un changarro con estanterías mal surtidas en Soledad.

Ninguna denuncia de Nava prosperó en el invertebrado gobierno de Juan Manuel Carreras. Ni Auditoría Superior ni Fiscalía hallaron qué perseguir. Están abiertas, pero no resueltas. Como si las hubieran metido en nitrógeno, congeladas.

Ahora gobierna San Luis Potosí el hijo del ex alcalde Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona. Y Gallardo Jr. tiene el control del Congreso. El Congreso inhabilitó a Xavier Nava por desacatar la suspensión temporal de un amparo promovido por ejidatarios que reclaman la propiedad de un terreno sobre el que la alcaldía navista construyó un puente. Para más INRI, el sucesor de Nava, el priista Enrique Galindo, preparó el pago de 12 millones de indemnización a los ejidatarios por el “daño reclamado”. El problema es que la propiedad de ese predio no está aclarada aún en firme. Farragoso como todos los temas de derecho agrario, la tunda al nieto de Salvador Nava, entre gobernador y alcalde, entró en el terreno de los asegunes y va para largo.

Tenemos en México un presidente que sabe un par de cosas sobre renacer de un desacato dictaminado por la Suprema Corte. Y un gobernador que lo es seis años después de ir a la cárcel por depositar 200 millones de pesos de origen dudoso en sus cuentas cuando era alcalde de Soledad. Más complicado que comprar garrafas de alcohol ilegal para tapar el robo de un decomiso en una entrega-recepción entre cuates, pero el mismo fondo.

Si es justicia o no, es lo de menos.

LA TIRA DE LAS NETAS

LA CACERÍA DE CLICS NO ES PERIODISMO

“Subestimamos mucho a las audiencias con el clic barato, el clic fácil… ()… La fidelidad se logra con contenido de calidad”.

Sandra Romandía, periodista de investigación, columnista y coautora de los libros “Narco CDMX” y “Los mexicanos más pobres”, en charla con estudiantes de Ciencias de la Comunicación sobre su experiencia en el desarrollo exitoso de portales nativos digitales. FCC-UASLP (31/VIII).

LAS TESIS, PARA POSGRADO: SLIM

“Durante los cuatro o cinco años que estudies, que hagas todo el trabajo y que te calificaron todos tus maestros en 30 materias o 40 materias que pasaste. ¿ya para qué te hacen un examen profesional”.

Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, en su crítica a los requisitos del sistema educativo superior en México, que mantienen la exigencia de tesis y examen profesional para conseguir el título. Fundación Telmex (2/IX).

“CON LA PENA, PERO…”

“Sin seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo a la inversión se desvanece. Invertir en seguridad y justicia fomenta las inversiones y la creación de empleos”.

Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, informando en su cuenta de Twitter sobre la recomendación de su gobierno para no viajar a Zacatecas, estado al que acudió a confirmar apoyos de su gobierno para mejorar penitenciarías y sistemas forenses, además de escuchar a empresarios y otros sectores (3/III).