San Luis al 2050

Después de una serie de consultas como nunca antes otro documento normativo urbano, un pedregoso proceso de integración del resultado de estas consultas, así como una politización miserable que retrasó su aprobación, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí ya es vigente. 

La gran polémica sobre si atendería o no las pretensiones inmobiliarias en Sierra de San Miguelito, el documento lo que hizo fue reconocer lo que hay, hasta ahora, con la expectativa de lo que el criterio federal disponga con sus planes de afectar las tierras de más de 30 núcleos agrarios.

El documento expone una realidad urbana deficitaria en equipamiento, servicios y espacios habitacionales, sobre todo los de precios económicos que nadie quiere construir por el suelo caro y el margen de ganancia. 

En las proyecciones de población a futuro, prevé que en tres décadas, para 2050, la población de la delegación de Villa de Pozos crecerá un 250% y rondará los 140 mil habitantes. La población del municipio capitalino crecerá de 880 mil a un millón 150 mil habitantes en el mismo lapso. 

Más población que requiere más espacios para habitar y el escenario no se expone fácil: “la reducción de espacios disponibles para establecer vivienda traerá consigo que el alto precio del suelo urbano” y para esto ven “un comportamiento sin cambios relevantes en los próximos 5 años para posteriormente, decaer en los siguientes 5 años, producto de la reducción considerable de zonas aptas para el desarrollo habitacional”.

Si no se despliegan las estrategias adecuadas, advierte, “se visualiza la aparición y crecimiento de asentamientos irregulares, favorecido por una creciente falta de oferta de vivienda económica que se mantendrá durante los próximos 15 años, debido a que la adquisición de terrenos aptos y disponibles correrá a cargo de empresas inmobiliarias, caracterizadas por tener el poder adquisitivo que solo permita ofertar vivienda con alto costo comercial”.

Razón demás para corregir el fracaso que es Ciudad Satélite, el gran proyecto inmobiliario “social” que degeneró en un gueto congelado con viviendas económicas, sí, pero reducidas, muy alejadas de la ciudad, rodeadas de vandalismo y pobre servicio de transporte. Van tres sexenios y el lugar no avanza por feo, apartado, mal enlazado al transporte público, deficiente y de plano aceptable sólo por necesidad extrema. 

Si no se consigue mejorar la construcción de vivienda social, otra variable asociada a los bajos ingresos asoma con un futuro de más asentamientos irregulares, mala calidad y falta de oportunidades para adquirir vivienda y consiguiente hacinamiento, una condición “que origina situaciones asociadas a insalubridad, delincuencia, aumento en el nivel de marginación, escenarios de riesgo”.

El Programa calcula los requerimientos de vivienda para el municipio de San Luis Potosí en 100,613 unidades en un horizonte al 2050, “considerando un incremento de población de 359,199 habitantes y una ocupación promedio de 3.57 habitantes por vivienda, lo cual implicaría la construcción de 3,354 viviendas anuales en los próximos 30 años”.   

Con parámetros el Infonavit, 39% de la oferta de vivienda deberá atender la demanda económica (hasta 2.6 UMA), 26% popular (de 2.61 a 4.0 UMA), 10% tradicional (de 5.1 a 10.0 UMA) y 8% residencial y residencial plus (mayor a 10.00 UMA).

Tan solo en la delegación en la Delegación Villa de Pozos, señala, “serán requeridas casi 35 mil viviendas, de las cuales, 13,504 deberán ser económicas”. El estimado contabiliza las viviendas proyectadas en Ciudad Satélite, que pocos quieren construir. 

El documento no lo asienta, pero de sus advertencias es posible amarrar coordenadas de un posible panorama: Ciudad Satélite acabará un día ocupada masivamente por precaristas, personas empujadas por la necesidad de un espacio dónde vivir. 

LO QUE FALTA

En la exposición de lo que hay y lo que debiera haber en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, destacan las carencias en equipamiento de salud, con todo y que el municipio capitalino de la entidad sea el más atendido en servicios médicos. 

Esta valoración con respecto de la entidad marca en una tabla un déficit de 15 hospitales de especialidades, pues requiere 17 y solo hay 2 –los dos en territorio capitalino-, mientras que para la Zona Metropolitana del municipio de San Luis Potosí calcula un déficit de un hospital general y 9 de especialidades, pues requiere 11. 

Los datos utilizados para esta proyección son de la Secretaría de Salud y de Sedatu. Es probable que más de un asesor de campañas se haya puesto a hurgar en estas necesidades y de ahí que al menos a tres de los competidores por la gubernatura les diera por ofrecer hospitales de especialidades como si se tratara de abrir tiendas OXXO, máxime con las restricciones presupuestales a que obligó la pandemia.

Pero en el aspecto de comercio y abasto también hay déficit de equipamiento: hay 22 mercados públicos y se requieren 57, faltan 35. Y menciona la necesidad de 14 lecherías en la municipalidad capitalina. “El equipamiento de comercio y abasto en el municipio de San Luis Potosí presenta un marcado déficit en elementos de consumo inmediato: mercados públicos y tiendas Diconsa y Liconsa. Originando con ello (sic), la ruptura de la cadena de distribución de comercio al detalle y una deficiencia en el consumo de productos alimenticios básicos”.   

La descripción de nuestro Centro de Abastos pone foco a urgencias, pues “presenta complicaciones en su drenaje por la cantidad de desechos que se vierten en la vía pública. Se estima que de manera diaria la central genera aproximadamente 22 toneladas de residuos, donde 75% son de productos inorgánicos y 25% de desechos orgánicos. Lo anterior, conlleva a un cúmulo de focos de infección y en la obstrucción del drenaje, lo que en tiempos de lluvia resulta en inundaciones en las inmediaciones”. 

En la valoración de equipamiento en comunicaciones y transportes, resulta un raro que destaquen un déficit de oficinas de correos. LO más interesante es que su tabla mencione que hay una central de autobuses y hace falta otra. 

En los requerimientos de servicios urbanos, otro foco rojo: los basureros  municipales. Si bien en el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí hay un relleno sanitario en esquema concesionado a una empresa de recolección y disposición de desechos, el de Peñasco, “el único lugar del municipio autorizado para verter residuos sólidos”, también “se han encontrado 10 tiraderos clandestinos en la localidad de La Pila de residuos domésticos y dos más de residuos industriales propiedad de la empresa alemana automotriz Draexlmaier, uno en la comunidad Milpillas y otro en la comunidad de Rancho Nuevo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez”. 

Probablemente al municipio capitalino además de un nuevo basurero municipal normado, le urge el confinamiento de desechos industriales que el mal recuerdo de Metalclad, en Guadalcázar, no ha propiciado impulsar aunque hayan transcurrido dos décadas.

 A partir de los parámetros de ONU-Hábitat para las urbanizaciones actuales, los capitalinos no tenemos déficit de áreas verdes. Y para que no se cuelguen medallas los que no tienen por qué adjudicárselas, ese buen dato se lo debemos a los parques Tangamanga. Los habitantes de las colonias del oriente, lejos del área de influencia de estos espacios verdes, no pueden decir lo mismo. 

ROLLOS SUELTOS

FISCAL AMIGO. Después de sacar por fin en el Congreso el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción, un “fiscal carnal” en el que se insistió una y otra vez como si no hubiera sobre la tierra otra figura que llenara el perfil como el señor Felipe Aurelio Torres Zúñiga, el lunes pasado por la noche el Ejecutivo allegó al Congreso su terna para el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cargo que dejó el abogado Juan Ramiro Robledo Ruiz.

POSICIÓN MORENA. La triada propuesta llama la atención porque, como se acostumbra en estos casos, las plumas le asoman por todos lados como posición escriturada para Morena, en específico para el delegado Gabino Morales, como promotor del abogado Carlos Enrique Arreola, el primer perfil de la lista. Abona la idea un antecedente de molonería por parte del funcionario federal con el jefe del Ejecutivo.

GRASA HIDROGENADA. Así se llama el material de grado alimenticio que conocemos en los pastelitos industrializados como “relleno cremosón”. Y de eso van los otros dos nombres de la terna, uno de ellos, Onofre Quilantán, envuelto hace años en señalamientos de Ciudadanos Observando por presunción de prevaricato al ombudsman José Ángel Morán Portales, pues trabajaba para el entonces defensor estatal de derechos humanos en su despacho, recibía pagos de la CEDH como asesor y también del Ayuntamiento de Salinas como su representante en la resolución de quejas interpuestas contra el municipio… ante la CEDH.