Impactantes Demandas por Abuso en Centros Correccionales de Pensilvania

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Decenas de menores enviados a centros de detención e instituciones similares en Pensilvania sufrieron abusos físicos y sexuales que incluyeron violaciones violentas, de acuerdo con cuatro demandas relacionadas, presentadas el miércoles.

En las demandas se describe cómo 66 personas, que actualmente ya son adultas, afirman haber sido victimizadas por los guardias, enfermeros, supervisores y otros. Algunos ataques fueron reportados a otros miembros del personal y fueron ignorados o recibidos con incredulidad, se señala en las demandas.

Las demandas indican que el sistema de justicia juvenil de Pensilvania no funciona, señaló Jerome Block, abogado de Nueva York cuyo bufete presentó los nuevos casos y contribuye a impulsar demandas similares en Illinois, Maryland, Nueva Jersey y Michigan.

"El propósito del sistema de justicia juvenil es rehabilitar, educar y reformar, equiparlos para vivir vidas sanas y productivas", dijo Block en entrevista telefónica antes de presentar las demandas. "En cambio, estos hombres y mujeres fueron traumatizados sexualmente cuando eran niños. Llegaron a esas instituciones con una necesidad de ayuda. En lugar de eso, les fue infligido un trauma".

Las demandas se presentaron contra el Centro de Desarrollo Juvenil de Loysville, la Unidad de Tratamiento Seguro de South Mountain y la Unidad de Tratamiento Seguro de North Central en Danville, todas ellas dependientes del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, además de la Academia Noroccidental de Merakey USA en las afueras de Shamokin, que cerró en 2016, e instalaciones dirigidas por VisionQuest National Ltd., con sede en Tucson, Arizona, y Devereux Advanced Behavioral Health, con sede en Villanova.

La mañana del miércoles se enviaron copias de la demanda a voceros del Departamento de Servicios Humanos, Devereux y Merakey solicitando sus comentarios. En los últimos días, se dejaron varios mensajes a VisionQuest.

Todos los demandantes nacieron después del 26 de noviembre de 1989, y cumplen los estándares legales del estado para presentar demandas de abuso sexual cuando eran menores de edad.

Block indicó que el equipo legal también representa a más de 100 personas que sufrieron abusos similares, pero que ocurrieron hace demasiado tiempo, según los límites temporales para presentar demandas civiles. Las propuestas para abrir un periodo de dos años para esas demandas antiguas han sido bloqueadas por republicanos del Senado en la Asamblea General.