Detención de la presidenta peruana por tráfico de influencias

LIMA (AP) — La fiscalía detuvo el viernes por 10 días sin comunicación al hermano y al abogado de la presidenta peruana, Dina Boluarte, por presuntamente integrar un grupo que traficaba influencias, un día después de que el gobierno peruano desmantelara un equipo policial de élite que investigaba al entorno presidencial.

La fiscalía imputa a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de funcionarios a quienes exigía dinero y recoger firmas para la inscripción del partido político "Ciudadanos por el Perú", según una copia del documento judicial que ordenó las detenciones y que fue obtenida por The Associated Press.

La presidenta llegó al poder en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces mandatario Castillo quien intentó disolver el Congreso para evitar una votación de remoción en su contra y gobernar por decreto.

El allanamiento de las viviendas y la detención por 10 días sin comunicación de Nicanor Boluarte y del abogado presidencial Mateo Castañeda desplegó decenas de fiscales y policías, según observó un equipo de AP. El arresto sin comunicación sólo es usado por la justicia en casos graves.

Boluarte no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre la detención de su hermano y su abogado a través de su oficina de prensa. El vocero presidencial Fredy Hinojosa dijo en una conferencia de prensa que Boluarte no iba a renunciar porque tiene una "gestión gubernamental sólida". Durante la noche tres ministros asistieron al palacio presidencial, pero no dialogaron con la prensa.

La fiscalía general anunció también por la noche el inicio de una nueva investigación, la cuarta, contra la mandataria y su ministro del Interior Walter Ortiz por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, en relación con el desmantelamiento del grupo policial.

Por su parte, el fiscal general Juan Villena exigió que se reponga "de inmediato" al grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

Boluarte ya está indagada por supuesta corrupción a causa del uso de relojes lujosos, por homicidio debido a las muertes de manifestantes al inicio de su mandato y por lavado de dinero recibido durante la campaña presidencial que llevó al poder a su antecesor Pedro Castillo (2021-2022).

Nicanor Boluarte, de 64 años, salió de su casa con lentes, el rostro cubierto por una careta, una gorra y con las manos esposadas debajo de una chamarra. La policía lo trasladó en medio de periodistas que lo interrogaban a cada paso. "Soy inocente", dijo. Nicanor es el penúltimo de 12 hermanos y la mandataria, de 61 años, es la última, todos nacidos en el distrito de Chalhuanca, en los Andes.

El abogado Castañeda —quien asesora a la mandataria en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo marca Rolex— es investigado porque presuntamente intentó obtener el archivamiento de las investigaciones contra Nicanor Boluarte al ofrecer "beneficios" a los miembros del equipo policial que ayuda en las investigaciones fiscales.

Según el documento judicial de 192 páginas, el abogado Castañera buscó obtener información que involucre a la mandataria y posteriormente "habría concertado" con la presidenta para "defenestrar" al equipo policial que apoyaba a los fiscales luego de que uno de los agentes que lidera el grupo no accediera a las pretensiones de neutralizar las investigaciones contra el hermano de la mandataria.

Sin mencionar las detenciones de su entorno, la mandataria señaló durante la jornada en una actividad pública que "no nos vamos a distraer en asuntos menores" porque "creemos en la justicia".

Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal del hermano de la presidenta sería la de "copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político ´Ciudadanos por el Perú´, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas", según el documento judicial.