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París, Fra.- Rumbo a una crisis diplomática sin precedentes, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, desactivaron la tensión entre sus países con el propósito de alcanzar una reforma migratoria que se presagia más restrictiva.
Flotaba en el Palacio del Elíseo una atmósfera densa, con las palabras de Macron dirigidas a Roma en la mente de todos. El francés había catalogado de “cinismo” e “irresponsabilidad” la decisión italiana de cerrar sus puertos al barco Aquarius, con 630 inmigrantes a bordo, que finalmente se dirige a Valencia (España).
El presidente francés reconoció que “a Europa le ha faltado eficacia y solidaridad” en la crisis migratoria hacia los principales receptores de inmigrantes indocumentados.
“Deseo profundamente que en los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses Francia e Italia trabajen mano a mano para proponer soluciones europeas junto a Alemania y España”, manifestó.
Y acto seguido apuntó que “ha llegado el momento de una reforma en profundidad para responder al desafío”, que intentará vertebrar sobre tres ejes.
En primer lugar, propuso “una reforma radical de la relación con los países de tránsito”, ya que, a su juicio, la respuesta “eficaz y humanitaria” no se produce, sino “el día en que esos hombres y mujeres deciden echarse al mar poniendo en riesgo sus vidas”.
Conte fue más lejos en este punto, al proponer la creación de centros europeos en los países de origen y de tránsito en los que se pueda identificar a los candidatos al estatus de refugiado y descartar a los demás.
En segundo lugar, la “refundación” lanzada por Macron prevé “una inversión netamente superior de Frontex, el sistema de protección de las fronteras exteriores de la UE.
Por último, Macron accedió a una de las principales demandas de Italia, la modificación del llamado sistema de Dublín, que establece las reglas para organizar la distribución de los demandantes de asilo en la UE y que “ya no funciona”.
También aquí se mostró beligerante Conte, que pidió “un cambio de paradigma total” y la abolición del “concepto de Estado de primera llegada”, que obliga al país por el que entran los inmigrantes a tramitar sus demandas de asilo.
