Nuevos disturbios durante examen de ingreso a universidades chilenas

Nuevos disturbios durante examen de ingreso a universidades chilenas
Foto: EFE

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Estudiantes de bachillerato que desataron el estallido social en Chile en octubre volvieron a tomar el lunes las estaciones del metro y generar disturbios en algunas sedes donde se rendía la prueba de ingreso a la universidad, a la que se oponen por considerarla un sistema de selección injusto.

La concurrida estación Plaza Egaña apareció tomada por más de un centenar de estudiantes que desplegaron pancartas y vitorearon canciones de protesta, lo que obligó a suspender el servicio.

Algunos incidentes violentos se registraron en los barrios adinerados de Providencia, Las Condes y otras zonas de la región metropolitana, así como en la región de Valparaíso y en Coronel, en el Bio Bio.

Los estudiantes lanzaron elementos contundentes y se enfrentaron con el control policial, que fue reforzado para la prueba y que, en algunos casos, impedía el acceso a aquellos que querían realizar el examen que ya había sido boicoteado a comienzos de enero. 

En Las Condes la prueba fue suspendida en uno de sus recintos y ocho personas fueron detenidas, informó el alcalde Joaquín Lavin en Twitter, por manifestaciones en el interior del recinto.

La prueba también se suspendió en otros locales y las autoridades informaron que los alumnos serán enviados a otras sedes para poder rendir en la tarde.

Se espera que el martes haya un segundo día de prueba.

Las autoridades minimizaron el impacto de las protestas. "De los 238 locales en que debía aplicarse esta prueba se pudo llevar a efecto en 235. En ocho de ellos, sin embargo, hubo suspensiones parciales, lo que indica que en el 98% de los locales se pudo rendir la prueba efectivamente", afirmó Aldo Valle, vicepresidente de Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.

Por el momento 41 personas han sido detenidas en todo el país por desórdenes públicos vinculados, indicó la policía a The Associated Press.

"Es importante destacar que se aplicó el protocolo acordado" explicó a medios Juan Francisco Galli, subsecretario del Ministerio del Interior. Además denunció el uso de bombas molotov en algunos casos. El ministerio se vio obligado a involucrarse en la seguridad de la PSU para garantizarla tras los incidentes previos.

La prueba debía ser realizada por unos 230 mil estudiantes, según datos de la Universidad de Chile, a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional que organiza el examen. Hasta ahora no hay cifras oficiales de los estudiantes que rindieron el examen.

Muchos de esos estudiantes debieron repetir la PSU después de que se alterase la ejecución habitual de la prueba el 6 y 7 de enero, dónde también hubo manifestaciones y se filtraron las respuestas de los exámenes a través de las redes sociales. El lunes también hubo denuncias de filtración de algunos exámenes.

"Encuentro que la PSU más que nada es una prueba segregadora en la que no todos los sectores de Chile se ven representados", explicó a AP Besatbe Colicheo. "La prueba a mí no me representa", pero dijo que se ve obligada a presentarla "porque uno se juega el futuro acá", señaló.

"Pasó una hora aproximadamente y dijeron que teníamos que evacuar", pero no nos explicaron por qué, señaló a la AP Jesús Madariaga, quién denunció mala organización incluso en la ubicación de las salas donde se debía realizar la prueba.

En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos privados. La calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la PSU.

La PSU es considerada discriminatoria por líderes de los alumnos de bachillerato porque refleja en sus resultados la calidad de la educación: los alumnos de grupos acomodados ingresan casi todos a la universidad seguidos por los jóvenes de clase media, mientras quienes provienen de los colegios públicos generalmente quedan afuera de la educación superior. 

La derogación de la PSU, cuya modificación es analizada por especialistas, no estuvo incluida en las demandas sociales que incluyen mejores en las pensiones, salarios, salud y educación.