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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Christian Téllez, ocurrida en Poza Rica, Veracruz, con la participación de elementos policiales.
El Comité de la ONU, conformado por 18 expertos internacionales, aseguró que el gobierno incurrió en omisiones durante la investigación del caso, por lo que se perdieron pruebas importantes para localizar a la víctima y procurar su acceso a la justicia.
Según la ONU, en octubre del 2010 el joven conducía su vehículo en la ciudad de Poza Rica cuando dos patrullas lo detuvieron y lo obligaron a subir a una de éstas a punta de pistola.
Cuando ocurrió su desaparición, Christian iba acompañado de una mujer, quien logró identificar a los policías que se lo llevaron. Sin embargo, los mandos jerárquicos de los uniformados rechazaron la acusación, aunque posteriormente fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el cártel de "Los Zetas".
Respecto a las investigaciones para encontrar al joven, la ONU consideró que "no se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables".
Los expertos internacionales aseveraron que las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, sin embargo todos estos derechos fueron vulnerados en el caso de Christian.
"Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte", dijo Héléne Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.
Por último, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dio a conocer que su representante, Jan Jarab, dará una conferencia de prensa sobre el caso junto con la organización el próximo 12 de agosto.
El Comité de la ONU, conformado por 18 expertos internacionales, aseguró que el gobierno incurrió en omisiones durante la investigación del caso, por lo que se perdieron pruebas importantes para localizar a la víctima y procurar su acceso a la justicia.
Según la ONU, en octubre del 2010 el joven conducía su vehículo en la ciudad de Poza Rica cuando dos patrullas lo detuvieron y lo obligaron a subir a una de éstas a punta de pistola.
Cuando ocurrió su desaparición, Christian iba acompañado de una mujer, quien logró identificar a los policías que se lo llevaron. Sin embargo, los mandos jerárquicos de los uniformados rechazaron la acusación, aunque posteriormente fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el cártel de "Los Zetas".
Respecto a las investigaciones para encontrar al joven, la ONU consideró que "no se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables".
Los expertos internacionales aseveraron que las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, sin embargo todos estos derechos fueron vulnerados en el caso de Christian.
"Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte", dijo Héléne Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.
Por último, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dio a conocer que su representante, Jan Jarab, dará una conferencia de prensa sobre el caso junto con la organización el próximo 12 de agosto.
