Reformas económicas y leyes en debate en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Luego de seis meses de múltiples trabas y arduas negociaciones políticas, el presidente argentino Javier Milei espera que la Cámara de Diputados apruebe dos proyectos de reformas económicas, estatales y tributarias que comenzó a debatir el jueves y con las que busca asegurarse una mayor gobernabilidad.

El dirigente ultraliberal estaría cerca de lograr que la cámara baja dé luz verde a la legislación que fue aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así su primera victoria legislativa desde que asumió en diciembre, luego de resignar algunos puntos durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.

El proyecto de la llamada Ley de Bases y el impositivo con los que Milei busca desregular la economía, la administración pública y asegurarse una mayor recaudación son resistidos por el kirchnerismo, el peronismo de centroizquierda que es la primera fuerza en el Congreso —donde el oficialismo está en clara desventaja numérica— y por partidos izquierdistas.

Militantes opositores comenzaban a congregarse cerca del Congreso durante el debate que se espera que se prolongue hasta la noche.

Milei, un economista de extrema derecha que se define como un “topo” que quiere destruir el Estado “desde adentro”, viene luchando contra numerosos obstáculos para conseguir sus primeras leyes en un marco de abierta confrontación con los opositores a los que califica de “ratas” y “máquinas de impedir”.

Lucas Romero, director de la consultora Synopsis Consultores, dijo a The Associated Press que “cuando uno mira la escena política sobresale la condición en minoría de este presidente, que le plantea dificultades extremas en el proceso de toma de decisiones”.

Según Romero, el líder de La Libertad Avanza necesita la aprobación del paquete legislativo porque, de lo contrario, daría “una señal de debilidad política muy peligrosa”.

El analista apuntó que es más importante para el presidente demostrar que puede sacarlo adelante “que el propio contenido, que originalmente era mucho más amplio”. Acotó que el libertario emplearía su aprobación en el Congreso “como una suerte de plataforma de relanzamiento del gobierno”, que en las últimas semanas enfrentó dificultades, como la suba del dólar que se vende en el mercado de cambio paralelo —al que acuden los argentinos ante las restricciones existentes en el oficial— y el incremento del riesgo país.

La Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debe analizarlos ahora para decidir si acepta las modificaciones que realizaron los senadores o insiste con las versiones originales que contemplaban algunas reformas más profundas.

El oficialismo contaría con los votos necesarios para lograr la aprobación del proyecto de la Ley de Bases, que contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales.

En materia de reforma laboral contempla como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.

Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares y la autorización para declarar sujetas a privatización a empresas públicas.

Sobre este último punto, el gobierno aceptó con aliados conservadores respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.

Pero en lo que se refiere al paquete fiscal, el oficialismo parece contar con las voluntades justas para restituir un polémico impuesto a los salarios de cientos de miles de trabajadores con el que busca recomponer las arcas del Estado, rechazado por el Senado.

Otra propuesta que busca rescatar es la que eleva el piso del impuesto a los bienes personales y establece rebajas en las alícuotas, con el fin a su vez de incentivar a su vez el blanqueo de capitales —de hasta 100.000 dólares—, que también está incluido en el proyecto.

El bloque kirchnerista se mostró contrario a que el oficialismo insista con la reposición de esos capítulos al considerar que es inconstitucional y anunció que, de salir adelante, acudirá a la justicia.