Afectados por derrame de una mina de Grupo México piden acceso a agua limpia

Afectados por derrame de una mina de Grupo México piden acceso a agua limpia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Representantes de afectados hace siete años por el derrame de una mina del Grupo México pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) medidas para el acceso a agua limpia y la reubicación de pozos contaminados, según informó este miércoles la ONG Poder. 

En un comunicado, explicaron que la solicitud de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) "surgen tras 7 años de impunidad y de acciones de litigio emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame". 

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de una mina del Grupo México generó el derrame de 40,000 metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de siete municipios. 

A pesar del desastre ambiental, el poderoso consorcio ha argumentado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados piden al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas al respecto. 

En el boletín, recordaron que el año pasado hubo un "reconocimiento oficial" de que "pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud". 

"El tiempo corre y la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada", señalaron. 

También recordaron que el presidente López Obrador estableció un plazo para tener un "diagnóstico ambiental", el cual concluye el próximo 4 de octubre. 

"Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño", insistieron. 

Reivindicaron que a "siete años del peor desastre ambiental minero en la historia de México urge terminar con la simulación de las autoridades".