Alcaldes prófugos, con nexos con cártel

Ciudad de México.- Los presidentes municipales de Santo Tomás de los Plátanos, tanto la actual María del Rosario Matías Esquivel, así como el electo, Pedro Luis Hernández de la Paz, presuntamente mantenían nexos con células de “La Familia Michoacana”, a quien no sólo proporcionaban información sobre los operativos de las fuerzas estatales y federales, sino les daban los datos de programas sociales y del catastro para que pudieran extorsionar a los habitantes, informó la fiscalía mexiquense.

Así lo establece la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que tiene pendiente cumplir órdenes de aprehensión en contra del matrimonio que está prófugo de la justicia. En el caso de Hernández de la Paz, él huyó de un operativo para detenerlo cuando rindió protesta como edil para el periodo 2025-2027.

“De igual forma se logró establecer que ambos servidores públicos facilitaban datos personales contenidos en los archivos del ayuntamiento, como registros catastrales y padrones de programas sociales, para que el grupo criminal realizara actos de intimidación y extorsión en agravio de los habitantes de la demarcación, esto incluso les permitió conocer cuántos de sus familiares se encuentran en el extranjero, para imponer una cuota periódica sobre el monto de las remesas que reciben”, expuso la FGJEM mediante un comunicado.

Tanto María del Rosario Matías Esquivel como Pedro Luis Hernández de la Paz, también conocido como “Wicho”, con algunos funcionarios municipales forman parte de los objetivos a detener en el Operativo Enjambre que lanzaron autoridades del Estado de México junto con el gobierno federal a través de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina y la Guardia Nacional contra servidores públicos ligados con el crimen organizado en la entidad, donde se incluyen el “Cártel Jalisco Nueva Generación” y “La Familia Michoacana”.

De acuerdo con la FGJEM, hasta la fecha, derivado de las acciones del Operativo Enjambre, han detenido a 41 individuos, de los cuales 32 fungían como servidores públicos con cargos de mando de ese orden de gobierno, con expedientes de investigación judicializadas por delitos de alto impacto e investigados por sus vínculos con grupos criminales generadores de violencia en la entidad.