Armerías de EU piden desestimar demanda de México; "empieza la batalla real", responde SRE

WASHINGTON, EU, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar EL UNIVERSAL tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia.

Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, "el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer", así como carece de "acusaciones específicas directas" contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.

"La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett", apuntó en su declaración la empresa Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre.

"Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo. No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal", respaldó Witmer.

Es más, añadió Barrett, "la demanda […] en marcado contraste, menciona repetidamente la conducta lesiva de ‘terceros no ante este tribunal’, es decir, los traficantes y contrabandistas independientes que traen armas de fuego ilegalmente a través de la frontera hacia México".

El mismo razonamiento empleó Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, al criticar que "el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México".

Es esa, la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. "No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México", se quejó Barret, una ausencia de datos que considera "notable" y que, además, presenta una serie de eventos y casuísticas que atenúan la implicación de las empresas armamentísticas en los crímenes en territorio mexicano, ya que "no tienen control" de qué pasa con ellas una vez son vendidas legalmente dentro de territorio estadounidense.

"La queja del demandante debe contener más que simples etiquetas y conclusiones legales. Para ser viable, debe recitar alegaciones fácticas específicas suficientes para elevar el derecho reclamado a la reparación más allá del nivel de mera especulación. El demandante no hace eso", apuntó por su parte la distribuidora Witmer.

Ese mismo argumentario es base para demostrar, según los acusados, de que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos. "Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México", añadió por su parte Sturm, Ruger and Co, sumándose a la justificación de la falta de jurisdicción de la corte para tomar este caso ya que "no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano".

"La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets", apuntó por su parte Glock, una de las empresas más antiguas en el sector, con lo que daba por cerrado el argumentario que el caso no tiene cabida en esa corte.

"El Gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 2,000 millas de distancia, por daños 'procesables' que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la 'fuente' del 'flujo de armas hacia México'", reflexionó Glock en su argumentario.

"Empieza la batalla real", responde SRE

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Este lunes por la tarde, las empresas de armas de fuego demandadas por el gobierno mexicano el pasado 4 de agosto ante una Corte Federal en Boston, Estados Unidos, comenzaron a presentar los argumentos para su defensa.

Entre ellos, señalan que la querella es violatoria de las leyes norteamericanas, que las muertes asociadas a las armas extranjeras no son rastreables, y que dichas empresas no tienen la obligación legal de proteger a nuestro país de los delincuentes mexicanos.

Al respecto, Alejandro Celorio consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que los argumentos de las empresas ya los tenían previstos.

"Nada que la Cancillería no viera venir ya ni nada que sea insuperable, producto de una demanda muy bien planteada. Empieza ya la batalla real", escribió en su cuenta de Twitter.

El funcionario mexicano explicó que dichos argumentos por parte de las 11 empresas buscan detener el litigio en su contra, y adelantó que el gobierno mexicano hará lo propio.

"Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal SER las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas", concluyó.

En la lista sostienen primero que México carece de legitimación del artículo III de los Estados Unidos, en el que se detalla que para legitimar la demanda se debe demostrar que las lesiones del demandante son rastreable, desde la compra del arma hasta la conducta supuestamente ilegal de los acusados.

"La denuncia admite hechos que confirman que los supuestos daños de México no son bastante rastreables a las acciones de los acusados", señala el texto que fue compartido por el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.

Otro de los argumentos para su defensa, son presuntas violaciones a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) la cual aseguran "prohíbe todos los reclamos de México".

"El Congreso promulgó la PLCAA para prohibir exactamente este tipo de demanda. Esta Demanda es una "Acción de Responsabilidad Civil Calificada" bajo PLCAA. No se aplica ninguna excepción de PLCAA a ninguna de las Reclamaciones de México", se advierte en el documento.

En dicha ley, reconocen, existe la "excepción de predicado" que admite a demanda temas específicos de armas de fuego, sin embargo, aseguran que esta "no aplica".

"México no ha alegado plausiblemente una violación de armas de fuego, la excepción de predicado no permite reclamos basados en estatutos de protección al consumidor de aplicación general. Tampoco aplica la excepción "Defecto de diseño" ni aplica la excepción de "negligencia per se". La PLCAA se aplica a las reclamaciones de gobiernos extranjeros, este caso involucra una aplicación doméstica de la PLCAA".

En los argumentos de su defensa, las 11 empresas demandadas advierten que México no alega hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados son la "causa próxima" de las lesiones infligidas por los carteles de la droga mexicanos.

"La cadena de causalidad está demasiado atenuada. Los actos delictivos intencionales que intervienen rompen la cadena de causalidad.

Los supuestos daños del gobierno mexicano se derivan de otras víctimas. Prorratear los daños y la responsabilidad sería inviable", explican como parte de la tesis.

Finalmente, aseveran que las empresas de armas de fuego "no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de los delincuentes mexicanos que abusan de las armas de fuego en México", y que fabricar y vender armas de fuego no es una "molestia pública": "México no puede utilizar la ley mexicana para regular las empresas de armas de fuego de Estados Unidos".