Busca Morena impedir que funcionarios se amparen para ganar más que AMLO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, va por impedir el otorgamiento de amparos a servidores públicos que ganen más que el Presidente y pretendan mantener este beneficio.

Se trata de una iniciativa para modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo, en la que se establece que cualquier servidor público está obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, pero en ningún caso "podrá ser igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia".
En ese supuesto, se advierte, "se incurrirá en un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público".
Gutiérrez Luna también propuso la adición de un párrafo al artículo 105 de la misma ley, para establecer que en casos de amparo; "la suspensión tampoco podrá concederse cuando tenga por efecto que cualquier servidor público obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia".
Se establece además que en aquellos casos en los que no se haya dictado sentencia ejecutoria, "los órganos jurisdiccionales competentes, de oficio o a petición de parte, podrán modificar o revocar el auto en que se haya concedido la suspensión, de estimar que se actualiza un hecho superveniente".
En su exposición de motivos, el legislador morenista recordó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los integrantes de otros órganos autónomos, han obtenido medidas suspensionales para defender derechos de tipo laboral cuya resolución no es propia de las controversias constitucionales.