Desapariciones, delito sin freno

Ciudad de México.- El número de personas desaparecidas en México no deja de crecer. Pero en México no existe una política de prevención de desaparición de personas ni políticas públicas para que el Estado se haga cargo de la búsqueda de las víctimas de desaparición, señalan especialistas.

En 2022 México alcanzó las 24 mil 352 desapariciones, cifra que para 2023 fue de 31 mil 367. Para 2024, este número llegó a los 33 mil 288 casos, en tanto que en lo que va de 2025 se tienen reportados 7 mil 684 desaparecidos, de los cuales 196 han sido localizados sin vida, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

“México tiene una crisis institucional severa, crónica y masiva de desapariciones a lo largo del país. Pero no se han construido políticas de Estado que fortalezcan la prevención, que fortalezcan y profesionalicen a las policías en el país”, dice Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Y asegura que la militarización de la seguridad pública ha mostrado que no funciona y que incluso en algunos lugares ha producido más violencia. Sin embargo, el Estado mexicano está sistemáticamente desvinculado del conocimiento y las buenas prácticas en materia de prevención y reducción de las violencias y la delincuencia.

Sandra Serrano, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualiza que el país tampoco cuenta con políticas públicas encaminadas a la búsqueda de los desaparecidos que, según estimaciones de ONG, se registran 30 diariamente.

“No tenemos una política pública que se haga cargo de la búsqueda y no tenemos una política pública que se haga cargo de este régimen de violencia que tenemos macrocriminal. Ahí ni siquiera hay un reconocimiento, ni siquiera hay signos o datos que desde el Estado den cuenta de que se reconoce que la violencia no es solamente proveniente de los grupos criminales, sino que en muchas ocasiones los grupos criminales operan en conjunto con agentes estatales”, señala.

Serrano expone que el país también carece de una política pública que se haga cargo del régimen macrocriminal de violencia que enfrenta gran parte del territorio nacional.