Inicia pugna en Zacatecas por viaducto elevado

Zacatecas, Zac.- Este lunes inició una fuerte pugna jurídica entre el gobierno estatal y municipal de Zacatecas, luego de que se realizara la clausura de la obra del viaducto elevado, encabezada por el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, ya que este fin de semana el gobierno de David Monreal Ávila comenzó con los trabajos de construcción.

Sin embargo, el ayuntamiento ha informado que se procedió a la suspensión, debido a que no se cuentan con todos los permisos, por ende, se colocaron los sellos sobre la maquinaria que realizaba los trabajos.

La clausura se realizó cuando se desarrollaba una marcha emprendida por integrantes de la ciudadanía, entre ellos, catedráticos e investigadores que desde un inicio se han opuesto a la construcción del segundo piso, a cuya movilización se integró el alcalde sobre el bulevar López Mateos.

Cerca de las 11:00 horas, el alcalde Miguel Varela emitió un posicionamiento en donde anunció que el ayuntamiento capitalino, a través de Protección Civil, suspendía la obra, “debido a la falta de dictámenes técnicos de seguridad y la carencia de permisos necesarios”

Consideró que en esta obra se planea “un fraude”, al argumentar que “se hizo una bolsa de mil 900 millones de pesos en un fideicomiso para que no tengan que licitar la obra, privatizaron el dinero, ya no es público, por tanto, quieren ejercerlo sin reglas y robárselo al pueblo sin mayor problema legal”, dijo.

Miguel Varela aprovechó el uso de la voz para responsabilizar al gobernador David Monreal de lo que le pueda suceder a él y a toda su familia, así como a cualquier funcionario municipal o de los manifestantes que se oponen al segundo piso.

Al respecto, el gobierno de Zacatecas, a través de la Coordinación General Jurídica, por la tarde, emitió un comunicado para condenar, lo que consideran son “acciones arbitrarias y realizadas fuera del contexto que el Estado de Derecho” y también se anuncia que “en el momento que así lo amerite, acudiremos ante las instancias competentes para realizar las exigencias y señalamientos que haya lugar”, se lee en el texto.

El gobierno estatal reconoce “el respeto irrestricto a todas y cada una de las autoridades e instituciones públicas que a la fecha, encuentran facultades y sustento legal en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanan”.