Magistrada que exoneró a Kamel Nacif en el caso Lydia Cacho ya fue removida

Magistrada que exoneró a Kamel Nacif en el caso Lydia Cacho ya fue removida
Kamel Nacif / Archivo

La Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó que removió a Selina Haidé Avante Juárez, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quien exoneró al empresario Kamel Nacif Borge, uno de los personajes acusados por la tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 y 17 de diciembre del 2005.

"Primero. Se acuerda el cambio de adscripción de la Magistrada Selina Aidé Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en lugar del Magistrado Adrián Avendaño Constantino, con efecto a partir del 16 de septiembre de 2021?, se informó.

En el oficio fechado el 2 de septiembre, Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Ejecutivo de Adscripción, detalló que la decisión fue aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal durante la sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2021.

Asimismo, dio a conocer que se tomó en consideración lo dispuesto en el Acuerdo General del pleno CJF, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, así como el Acuerdo del pleno del Consejo, por el que se estableció la política de adscripciones de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, en la parte relativa al correcto desarrollo de investigaciones.

Pues explicó "que al existir un escenario en el que resulta necesario que el CJF desempeñe sus funciones de supervisión y auditoría ante hechos o conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, con la finalidad de que se desahoguen diligencias que puedan requerir la colaboración activa de personas, cuya participación puede verse amedrentada, resulta procedente la readscripción del titular a otro circuito con la finalidad de llevar a cabo la investigación correspondiente".

Lo anterior debido a que la Magistrada Avante Juárez podría ser investigada por permitir la liberación del empresario Kamel Nacif Borge, uno de los acusados por la tortura de Lydia Cacho en 2005.

"Tenemos la evidencia. Por posible corrupción indagan a tribunal que exoneró a Kamel Nacif. El empresario que orquestó mi tortura para proteger a una red de trata de niñas y pornografía infantil junto al Gobernador Mario Marín", escribió Cacho este martes en su cuenta de Twitter.

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif, la periodista Cacho solicitó al CJF una comisión de disciplina para investigar y sancionar a la Magistrada. Según informó en un tuit, Avante Juárez "ordenó a las autoridades del Líbano que liberen a Kamel Nacif Borge" cuando ya avanzaban para llevarlo ante un Juez en Beirut.

Además, Cacho subrayó que Avante Juárez es hermana de Mario Avante Juárez, Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte, quien es la mano derecha del Ministro Presidente, Arturo Zaldívar. Y que Emilio Gamboa Patrón opera a través de ellos para seguir bloqueando la investigación y el proceso en contra de sus torturadores.

El hecho fue condenado en su momento por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien calificó de "indignante" la decisión del tribunal de Quintana Roo.

A su vez, la ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron al Gobierno mexicano "el pleno esclarecimiento de las agresiones" contra la periodista Lydia Cacho.

"La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares, (sino que) favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos", denunció la ONU.

Las agencias de Naciones Unidas señalaron que México debe cumplir con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que el Estado mexicano violó el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación.

Esto, añadió, fue en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales, y el respeto a la libertad de expresión.

El pronunciamiento se publicó después de que Artículo 19 denunciara que un tribunal en Quintana Roo, en el sureste de México, exoneró a Nacif tras otorgarle un amparo que lo libera de toda responsabilidad del caso de Cacho.

La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad Nacif, empresario de la industria textil.

Nacif era uno de los principales señalados en el libro Los Demonios del Edén en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín.