Plantea ministro anular las reformas

Ciudad de México.- Por violaciones graves al proceso legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán planteó a sus pares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular en su totalidad la primera parte del plan B de la reforma electoral, que restringe el gasto en publicidad y propaganda de los gobiernos locales.

Tras analizar las impugnaciones del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y legisladores de oposición contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el ministro presentó un proyecto de sentencia en el que determinó que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México incurrieron en ambas cámaras en un “cumulo de irregularidades” para aprobar las normas mencionadas, violando en forma directa los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, que regulan el proceso legislativo.

Se prevé que la próxima semana se debata el proyecto de Pérez Dayán, que necesita ocho votos para declarar la invalidez de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador López Obrador.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, sentenció.

Afirmó que las omisiones legislativas causaron “afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa, particularmente, en cuanto a la necesidad de resguardar el debido proceso, el respeto a los derechos de los minorías parlamentarias, la libertad de expresión que asiste a cada uno de los legisladores, así como su derecho al voto, de forma tal que ningún parlamentario sea excluido del proceso deliberativo”.