Preocupa a la SIP demanda de exfuncionaria contra el Diario AM

Preocupa a la SIP demanda de exfuncionaria contra el Diario AM
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó mediante un comunicado su respaldo al Periódico AM, de México, que enfrenta una demanda millonaria y desproporcional por difamación de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez.
La querella presentada por Botello Santibáñez estaría buscando "inhibir al medio a seguir investigando e informando sobre actos de corrupción en la administración pública", señaló la organización.
Se detalló que Botello demandó por daño moral, calumnia, difamación y falsedad de información al propietario del periódico, Enrique Gómez Orozco, y exige una indemnización de 300 millones de pesos (alrededor de 14.5 millones de dólares).
La exalcaldesa de León argumentó que las investigaciones del diario sobre supuestos actos de corrupción durante su mandato (del 2012 al 2015) le han causado daños irreparables.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, señalaron que preocupa "estar frente a un caso típico de un funcionario público que busca desacreditar a un medio de comunicación, en lugar de demostrar la transparencia que dice haber tenido durante su gestión de gobierno, aspectos que son de interés público".
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, recordaron que los funcionarios públicos deben están más expuestos a la crítica y a la fiscalización de la prensa que los particulares.
"Debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o tenía pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".
Jornet añadió que muchas veces la intención detrás de estas demandas suele tener efectos nocivos para la libertad de prensa, "ya que lo que se busca es impedir al medio, o al periodismo en general, a seguir investigando e informado sobre actos de corrupción en la administración pública".