Se suman gobiernos, fiscales y ONG contra las armerías

Los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice, así como media docena de organizaciones estadounidenses para el control de armas como Everytown o March for Our Lives, y una treintena de fiscales de distrito de varios condados y ciudades de Estados Unidos presentaron un documento de apoyo a la demanda mexicana contra armerías de Estados Unidos, a las que acusan de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas al país, un argumento que México defendió en su respuesta al reclamo de las armerías de desechar la demanda.

Al apoyo a la demanda mexicana contra las armerías de Estados Unidos también se unieron los fiscales generales de Massachusetts (donde está radicado el caso), California, Connecticut, Delaware, Washington, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregon.
Este conglomerado de actores se presentó ante la Corte de Boston, que tiene el caso como amici curiae (amigo de la Corte, en su traducción literal), una expresión utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros en un litigio, donde exponen opiniones y argumentos en su posición de defender una u otra parte del caso judicial, y así ayudar a la Corte a resolver el litigio.
La muestra de apoyos apareció el mismo día en el que el gobierno de México, cumpliendo con los plazos establecidos, presentó la querella a la Corte de Boston.
A finales de noviembre, los fabricantes de armas alegaron que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso al armamento que ellos fabrican a grupos criminales, y acusaron a México de equivocarse en presentar la demanda en una Corte de Boston, pues no tiene jurisdicción para el caso.
En un documento concentrado de más de medio centenar de páginas, México acusa a las armerías de "saber que sus distribuidores venden armas militares a granel, sin restricciones, claramente destinadas a traficantes", y de ahí su responsabilidad. "Los demandados buscan la impunidad de esta conducta", resuelve.