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¡Ay, Manuelita!

Por Óscar G. Chávez

Mayo 11, 2024 03:00 a.m.

A

Después de conocerse la renuncia de José Luis Ruiz Contreras como titular de la Fiscalía general del estado (FGE) comenzó a circular el rumor de que sería propuesta para ocupar el cargo vacante la licenciada Manuela García Cázares, magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). Luego, el rumor se convirtió en posibilidad cuando el gobernador señaló: “Tengo ya perfiles; vamos a mandar tres perfiles a la terna (sic) de la Fiscalía. Uno de ellos se los digo y se lo adelanto, es una gran mujer de mucha experiencia en el Poder Judicial, que para mí es de las mejores  magistradas de la historia de San Luis Potosí, y bueno, va a ser una de las personas que va a encabezar las... las... las… las… am… ¡la terna!, que es Manuelita. Que la quiero mucho, aparte, y yo creo que es una mujer que no es partidaria [sic]... una mujer de reglas y de leyes…”

La razón asiste al señor gobernador: en la licenciada García Cázares convergen trayectoria y experiencia; la magistratura y la presidencia del STJE son un digno corolario a su carrera. Por lo demás, suponiendo que el gobernador haya querido decir partidista, de nueva cuenta su apreciación es correcta, no lo es; su único compromiso es con las leyes.  

Debo señalar que no tengo el gusto de haber tratado a la magistrada, aunque la conocí circunstancialmente en la segunda mitad de la década de los noventa por las atenciones y consideraciones que siempre tuvo con el licenciado don José Francisco Pedraza Montes, amigo y maestro, a quien yo visitaba con regular frecuencia. Tuve en aquellos años la impresión, que aún conservo, de estar frente a una mujer institucional, jurista íntegra. Poco tiempo después llegó a la Procuraduría de Justicia del estado, institución complicada en aquellos años, donde hizo un decoroso papel.

Los comentarios del párrafo anterior vienen a propósito de la nominación del gobernador para que sea ella quien ocupe el vacante cargo de fiscal. Flaco favor se hace a una mujer de esa trayectoria y se le pone en una verdadera encrucijada, cuando es público y notorio que  lo que el gobernador busca es un fiscal a modo, un funcionario que pueda mangonear según las necesidades de sus tiempos. También, y eso no podemos pasarlo por alto, es una realidad que aunque San Luis necesita como fiscal a alguien con estos alcances, sería el peor momento para aceptar el nombramiento.    

Ahora, si lo llegara a aceptar, con todo y que el día de ayer haya dicho “sigo siendo la presidente del Supremo Tribunal de Justicia…” (y mucho puede ocurrir en un fin de semana), será necesario investigar qué se negoció o qué se le ofreció, porque queda claro que va más allá del absurdo prestigio de lo curricular; es decir, ya fue procuradora del estado y la Fiscalía por mucho cambio de nombre no deja de serlo. El tema económico tampoco es un aliciente, ya que de acuerdo al  Presupuesto de egresos del estado (publicado el 18 de diciembre de 2023 en el Periódico oficial del estado) el sueldo neto mensual que tiene como presidente del STJE es de $90,266.87 (ya con impuestos descontados), mientras que en el caso del fiscal general del estado son $100,214.86, apenas diez mil pesos de diferencia; aunque en ambos casos  habría que agregar bonos adicionales y compensaciones, más las prerrogativas y beneficios de movilidad, transporte, seguridad y personal de apoyo a su disposición.       

Vienen también otra serie de interrogantes y consideraciones: ¿tendrá realmente autonomía?, ¿se le permitirá nombrar a sus principales colaboradores o éstos y la estructura seguirán siendo los impuestos y controlados por el gallardismo?, ¿tendrá independencia financiera o se enfrentará a una problemática similar a la que ya experimentó en el Poder Judicial?, ¿revivirá las carpetas abiertas a Ricardo Gallardo padre?, ¿se actuará en el caso del motín en la Pila y se sancionará a los verdaderos responsables (no me refiero a los reclusos)?, ¿estará dispuesta a actuar con independencia o secundará caprichos y ocurrencias del gobernador? 

El gobernador podrá decir, ofrecer y prometer lo que le venga en gana, pero es evidente que acabará por no cumplirlo, mientras que ella (con todo y que pudiera ser la fiscal que San Luis necesita) tendría que verse en el espejo de algunos antecesores que de ser respetados y respetables abogados, acabaron siendo unos pusilánimes y serviles procuradores.